Elementos fundamentales incriminatorios de un proceso judicial que guardan relación con la incautación de droga que data del año 2014 en Salto del Guairá, llamativamente se perdieron de los estantes del poder judicial de la capital departamental, situación que pone en evidencia la corrupción imperante en los estrados judiciales con la abierta intención de favorecer al procesado del caso.
05/01/23 – Salto del Guairá – Canindeyú
El hecho guarda relación con la incautación de 356 kilos y 300 gramos de marihuana por parte de la SENAD, dentro de un vehículo de la marca Peugeot color negro con chapa brasileña ETB588OSP, que estaba estacionada en la vivienda atribuida a la familia de Javier Genaro López Safi en el barrio Industrial de Salto del Guairá el 9 de junio del año 2014.
En dicho procedimiento fue detenido Juan Carlos Rotela, secretario de López Safi según los investigadores. El mismo fue condenado a cinco años de prisión en el año 2017 por un tribunal integrado por los siguientes magistrados; Ramón Trinidad Zelaya (Presidente), Hugo Gilberto Medina y Bonifacio Rojas Zeballos.
Ya en el 2020, Javier Genaro López Safi afronta juicio oral y público tras presentarse ante la justicia luego de estar cinco años en la clandestinidad. Por mayoría de votos del tribunal de sentencia integrado por los jueces Sofía Elizabeth Jiménez Rolón (Presidenta), Bonifacio Rojas Zeballos, y el voto en disidencia de Hugo Medina, el acusado fue absuelto de culpa y pena, sentencia que fue anulada por graves irregularidades durante el desarrollo, ordenándose un nuevo juicio oral y público que estaba en desarrollo y que se interrumpió la semana pasada debido a las chicanas presentadas por los abogados del procesado.
Y es que de los juzgados se extraviaron alevosamente pruebas fundamentales que sustentaron el proceso judicial, y que sirvieron para condenar al secretario del principal sindicado. Los archivos del circuito cerrado de la vivienda donde constaría la huida de López Safi del lugar donde se incautó la droga, cinco minutos antes de la llegada de los personales de la SENAD. Hasta el momento no se sabe donde están esos vídeos.
Se robó el DVR (Digital Video Recorder) por sus siglas en inglés, el análisis laboratorial de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y se borró el contenido del pendrive, con el claro propósito de eliminar las principales evidencias de la carpeta de investigación que estaba a cargo de la secretaria de los juzgados de Salto del Guairá.
El agente fiscal Meiji Udagawa, a cuyo cargo está la acusación actualmente, adelantó que enviará la carpeta a la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de manera a que se investigue la desaparición de dichas pruebas fundamentales “extraviadas” para identificar y procesar a los responsables.
Por otra parte, el agente dijo que remitirá a la fiscalía los antecedentes de los testigos, especialmente de Juan Carlos Rotela quien ya había sido condenado en la misma causa por mentir asquerosamente en el desarrollo del juicio.
En cuanto a la prosecución del juicio oral y público, Udagawa cree que se deberá reiniciar de vuelta luego de las ferias judiciales, es decir en el mes de febrero del corriente año, ya que los abogados de López Safi recusaron al pleno del tribunal de sentencia y a los miembros de la cámara de apelaciones claramente para dilatar el proceso. De esta forma, la carpeta deberá ser enviada a la máxima instancia judicial donde se deberá estudiar y definir las apelaciones.
El tribunal de sentencia que actualmente juzga por segunda vez el caso está integrado por los jueces; Cynthia Espínola, Gustavo Villaverde y Ramón Trinidad Zelaya.
