El tribunal de sentencia N° 2 de la ciudad de Salto del Guairá, está en el ojo de la tormenta tras el fallo adoptado por dos de sus miembros, Sofía Elizabeth Jiménez Rolón (Presidenta) y Bonifacio Rojas Zeballos (Miembro), en un caso ligado al narcotráfico que data del 9 de junio del año 2014.
En la causa caratulada ministerio público contra Juan Carlos Franco Rotela y otros, sobre supuesta posesión sin autorización y tráfico de estupefacientes y drogas peligrosas (Marihuana), expediente judicial N° 181/2014, los magistrados Sofía Elizabeth Jiménez Rolón (Presidenta) y Bonifacio Rojas Zeballos, con voto en disidencia del juez Hugo Medina, absolvieron de culpa y pena al prófugo Javier Genaro López Safi, tras presentarse ante la justicia luego de permanecer durante 5 años en la clandestinidad con orden de captura a cuestas.
El caso guarda relación con la incautación de 356 kilos y 300 gramos de marihuana por parte de la SENAD, dentro de un vehículo de la marca Peugeot color negro con chapa brasileña ETB588OSP, que estaba estacionada en la vivienda atribuida a la familia de Javier Genaro López Safi en el barrio Industrial de Salto del Guairá. De hecho, en el lugar se encontraban, la esposa del mencionado, Sebastiana Vargas y su secretario Juan Carlos Rotela, este último fue aprehendido, procesado y condenado a 5 años de prisión por un tribunal integrado por los magistrados Ramón Trinidad Zelaya (Presidente), Hugo Gilberto Medina y Bonifacio Rojas Zeballos como miembros, en el 2017.
Pero cuando se sustanció el juicio oral y público a López Safi, ya en el 2020, con las mismas pruebas que se utilizaron con su secretario Juan Carlos Franco Rotela, (Condenado), llamativamente los jueces Sofía Elizabeth Jiménez Rolón y Bonifacio Rojas Zeballos, empezaron a poner en duda todos los elementos probatorios del ministerio público, inclusive, el informe criminalístico del Licenciado Elvio Rojas Peña que trata de todos los movimientos, inclusive días y horas antes de la intervención en la vivienda en base a las imágenes del circuito cerrado..
Y es que la investigación a cargo del agente fiscal Vicente Rodríguez, sostiene que Javier Genaro López Safi, huyó del local allanado 5 minutos antes de la llegada de la comitiva, logrando mantenerse prófugo de la justicia durante 5 años, actitud que delata su presunta participación en el hecho (ENTIENDASE; Si no tenia nada que ver en el caso, no hubiera estado tanto tiempo prófugo). Lo más grave del caso, es la desaparición del DVR (Digital Video Recorder) por sus siglas en inglés, principal elemento del ministerio público que podía comprobar en juicio la huida del acusado, instantes antes de la llegada de los personales de la SENAD y de la fiscalía a la casa allanada.
La presidenta del tribunal Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, se lavó las manos informando que dicho material audiovisual se encontraba en la bóveda del ministerio público y no fue presentado en juicio, por lo que no se pudo exhibir, olvidando que, de acuerdo a la cadena de custodia, y a que ya fue exhibido en el primer juicio oral y público dichos vídeos, indefectiblemente debió estar a cargo del tribunal de sentencia que juzga el caso. De hecho, el fiscal Vicente Rodríguez confirmó que dicha prueba ya quedó a cargo del juzgado, puesto que ya fue visto por los jueces que condenaron a Juan Carlos Franco Rotela en la misma causa en el 2017.
Otra descarada actuación del tribunal presidido por Sofía Jiménez, es el incumplimiento de los requisitos legales de la notificación a la señora Sebastiana Vargas, pareja de López Safi, quien fue convocada por la fiscalía para prestar declaración en el juicio. La primera notificación fue entregada a los abogados defensores quienes no tuvieron la intención de que la mujer concurriera ante el tribunal; la segunda a través de la policía nacional que tampoco tuvo eco, y ante la falta de atención a las reiteradas llamadas telefónicas, el tribunal debió ordenar su captura como exige la ley, pero tal cosa no ocurrió y se debió prescindir de su testimonio.
Como es de esperarse, el fiscal Vicente Rodríguez apeló la decisión en mayoría del tribunal, y solicitó la anulación total de la sentencia, cuestionando duramente a los dos magistrados quienes en todo momento buscaron allanar el camino a la impunidad. En el caso del juez Bonifacio Rojas, es más lamentable aún, ya que formó parte en el juicio al secretario de López Safi y su decisión fue por la condena en dicha oportunidad, pero cambió su decisión cuando se trató el caso del patrón, optando por la absolución muy llamativamente.
Surge una fuerte sospecha de que tanto Sofía como Bonifacio habrían recibido un fuerte “impulso generoso” por sus decisiones.
Mientras, el juez Hugo Medina votó en disidencia por la condena.
