Un grupo de legisladores de la oposición presentó una denuncia penal contra el presidente de la República, Santiago Peña, solicitando al Ministerio Público investigar una serie de hechos relacionados con su crecimiento patrimonial, sus anteriores vínculos con empresas del sector financiero y supuestos beneficios recibidos por firmas relacionadas con su entorno.
21/10/2026 / Asunción / Paraguay
El senador Rafael Filizzola, uno de los impulsores de la denuncia, sostuvo que existen elementos que deben ser sometidos a una investigación fiscal y mencionó posibles hechos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias, administración en provecho propio y abuso de poder, entre otros.
Uno de los principales argumentos de los denunciantes es el fuerte incremento registrado en el patrimonio declarado por Peña. Según los datos expuestos por los legisladores, el patrimonio del mandatario pasó de aproximadamente G. 1.351 millones en 2017 a G. 23.024 millones en 2023, lo que representa un aumento superior a G. 21.600 millones durante el periodo en que estuvo fuera de la función pública.
Los opositores consideran necesario determinar la trazabilidad del dinero y establecer si los ingresos conocidos del actual mandatario guardan correspondencia con el patrimonio acumulado durante esos años. Por ello solicitaron posteriormente una pericia contable y financiera, además del cruzamiento de información bancaria, tributaria, bursátil y societaria.
Empresas vinculadas y recursos públicos
Otro de los puntos centrales de la denuncia se relaciona con las inversiones y participaciones empresariales que tuvo Peña antes de asumir la Presidencia.
Los denunciantes sostienen que deben investigarse sus inversiones en acciones, bonos, certificados de depósito y otros instrumentos financieros, particularmente sus anteriores vínculos con el conglomerado relacionado con ueno.
También señalan que empresas relacionadas con ese entorno habrían recibido contratos o recursos provenientes del Estado. Según la denuncia, existen operaciones por alrededor de G. 992.000 millones que deben ser examinadas para determinar si existió algún tipo de influencia o beneficio indebido.
El tema adquirió todavía mayor dimensión durante 2026 por los cuestionamientos sobre la concentración de depósitos públicos en ueno bank. Filizzola sostuvo recientemente que los depósitos estatales en esa entidad alcanzarían unos US$ 863 millones, cifra que incluye recursos del Instituto de Previsión Social, y reclamó investigar las decisiones regulatorias y administrativas que permitieron esas operaciones. Estas son acusaciones del senador y no determinaciones judiciales.
El caso de los “sobres del poder”
La denuncia también incorporó el denominado caso de los “sobres del poder”, originado a partir de declaraciones de una exempleada de Mburuvicha Róga.
Según lo denunciado, la mujer afirmó haber manejado o entregado sobres que contenían importantes cantidades de dinero en efectivo dentro de la residencia presidencial. Los opositores consideran que corresponde determinar el origen del dinero y si esas operaciones guardan alguna relación con el patrimonio presidencial.
Este episodio es presentado por los denunciantes como otro elemento que debería ser esclarecido por el Ministerio Público, pero las afirmaciones sobre el origen y naturaleza del dinero continúan sujetas a investigación.
La mansión y otras operaciones también bajo la lupa
Los legisladores pidieron igualmente analizar operaciones inmobiliarias y financieras realizadas por Peña, incluyendo la adquisición y construcción de propiedades.
La Contraloría posteriormente sostuvo que, en los periodos que pudo examinar, encontró correspondencia documental. Sin embargo, reconoció que no pudo verificar como parte del examen de declaraciones juradas el periodo 2018-2023, precisamente los años en los que Peña estuvo fuera de la función pública y registró gran parte de su crecimiento patrimonial.
Ese periodo constituye uno de los principales puntos cuestionados por Filizzola y los demás denunciantes.
Fiscalía abrió investigación
La denuncia no quedó solamente en una presentación política.
En mayo de 2026, el Ministerio Público asignó al fiscal de Delitos Económicos Jorge Arce para investigar al presidente Peña por los hechos denunciados. El agente fiscal confirmó que analizaría los antecedentes y el examen realizado por la Contraloría para determinar las diligencias correspondientes.
Posteriormente, la Fiscalía solicitó informes a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), dentro de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y abuso de poder.
Los legisladores también solicitaron una pericia contable y financiera independiente, análisis integral de la evolución patrimonial, trazabilidad de fondos y cruzamiento de datos bancarios, tributarios y societarios.
Peña rechaza los cuestionamientos
El presidente ha rechazado los cuestionamientos sobre el origen de su patrimonio y ha sostenido que sus operaciones están documentadas y transparentadas.
Por su parte, su defensa calificó la denuncia de los opositores como basada en suposiciones e inconsistencias que, a su criterio, no justificaban la apertura de una causa penal.
Por ello, periodísticamente corresponde presentar los hechos como denuncias e hipótesis que están siendo investigadas, y no como delitos ya comprobados contra el presidente.
El planteamiento de Filizzola
El eje del reclamo opositor puede resumirse en una pregunta: si el crecimiento patrimonial de Santiago Peña y las operaciones empresariales y financieras vinculadas a su entorno tienen una explicación completamente documentada, los denunciantes sostienen que corresponde que esa documentación sea sometida a una investigación fiscal y pericial independiente.
De ahí la afirmación de Filizzola de que estos hechos deben ser objeto de investigación para determinar si existió enriquecimiento ilícito, administración en provecho propio, tráfico o uso indebido de influencias u otros hechos punibles.
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