El fiscal Silvio Corbeta Dinamarca vuelve a ocupar un lugar central en una de las causas judiciales de mayor repercusión política del país. A pedido del representante del Ministerio Público, un Tribunal de Sentencia fijó para el próximo 31 de agosto, a las 08:00, el inicio del juicio oral y público contra el exintendente de Ciudad del Este y actual referente opositor Miguel Prieto Vallejos.
29/07/26 – Asunción – Paraguay
Corbeta se desempeña actualmente como agente de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, específicamente en la Unidad Penal N.º 8. Durante los últimos años ha intervenido en investigaciones relacionadas con presuntos hechos de corrupción pública, lavado de activos, asociación criminal y otros delitos económicos.
El caso que llevará a Prieto al banquillo
El juicio previsto para el 31 de agosto corresponde al denominado caso «Tía Chela», relacionado con la adquisición de kits de alimentos realizada por la Municipalidad de Ciudad del Este durante la pandemia del COVID-19.
Miguel Prieto y otras diez personas fueron acusados por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal. Según la acusación fiscal, la compra de alimentos por aproximadamente G. 2.130 millones habría ocasionado un perjuicio patrimonial a la comuna esteña.
El Tribunal de Sentencia estará integrado por las juezas Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel. La audiencia fue recalendarizada a pedido del fiscal Corbeta, quien tendrá a su cargo la presentación de las pruebas reunidas por el Ministerio Público.
La fijación del juicio no implica una condena anticipada. Prieto y los demás acusados conservan la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
Un fiscal al frente de causas de alto impacto
La trayectoria de Silvio Corbeta incluye investigaciones que involucraron a dirigentes de distintos sectores políticos.
Entre ellas figura la causa contra el senador colorado Erico Galeano, procesado en el marco del operativo A Ultranza Py. Junto con el fiscal Deny Yoon Pak, obtuvo en marzo de 2026 una condena de 13 años de prisión por lavado de activos y asociación criminal, decisión posteriormente confirmada por un Tribunal de Apelación.
También intervino en investigaciones vinculadas al exgobernador de Central Hugo Javier González, al exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional Joaquín Roa, al exdirector financiero de la Municipalidad de Asunción Wilfrido Cáceres y otros funcionarios públicos.
En mayo de 2025, Corbeta y el fiscal Luis Piñánez presentaron acusación contra Wilfrido Cáceres y otros procesados por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Asimismo, integró equipos fiscales que investigaron presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos durante la pandemia y en la Gobernación de Guairá.
También participó en la investigación por la compra de agua tónica en Petropar durante la emergencia sanitaria. En ese expediente, junto con los fiscales Francisco Cabrera y Luz Guerrero, obtuvo resoluciones judiciales que motivaron un reconocimiento por parte de organizaciones de la sociedad civil.
Reconocimiento a su labor
En junio de 2024, fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción recibieron una distinción pública por su actuación en la causa Petropar, relacionada con un presunto perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 359 millones.
Silvio Corbeta figuró entre los fiscales reconocidos durante el acto, en el que se destacó la importancia de la rendición de cuentas y la investigación de hechos relacionados con el manejo de recursos públicos.
Denuncias y actuaciones ante el Jurado
La exposición pública del fiscal también derivó en denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
En 2023 fue denunciado por presunto mal desempeño tras su intervención en la causa contra Hugo Javier González.
La Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay expresó entonces preocupación por la situación y solicitó explicaciones sobre el procedimiento seguido. Algunos sectores interpretaron la actuación del Jurado como una posible presión sobre fiscales que investigan causas de alto impacto, aunque esa interpretación forma parte del debate público y no constituye una conclusión judicial.
Durante 2024 también trascendió que Corbeta afrontaba otras presentaciones ante el Jurado mientras tenía a su cargo investigaciones contra dirigentes políticos y administradores públicos. La existencia de esas denuncias no implica responsabilidad disciplinaria ni constituye una sanción.
La posición de las partes
Miguel Prieto sostiene que los procesos judiciales en su contra responden a una persecución política orientada a afectar su eventual candidatura presidencial para 2028.
Por su parte, el Ministerio Público afirma que las acusaciones se sustentan en documentos, pericias y demás elementos probatorios incorporados a las investigaciones.
Corbeta declaró anteriormente que el avance de las causas se vio retrasado por recusaciones e incidentes promovidos por las defensas. Los abogados del exintendente sostienen que esos planteamientos constituyen mecanismos legítimos previstos en la legislación procesal.
El próximo 31 de agosto comenzará la etapa de juicio oral, en la que el Ministerio Público deberá presentar las pruebas que respaldan su acusación y la defensa tendrá la oportunidad de controvertirlas ante el Tribunal de Sentencia.
El resultado del proceso dependerá exclusivamente de la valoración que realicen las magistradas sobre las pruebas producidas durante el juicio, conforme a las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia.
