La Coordinadora de Adultos Mayores de la Diáspora Paraguaya denuncia una presunta discriminación contra los compatriotas de la tercera edad que residen fuera del país y reclama la intervención urgente de la Embajada paraguaya en Buenos Aires.
27/10/2026 / Internacionales

BUENOS AIRES, ARGENTINA. La Coordinadora de Adultos Mayores de la Diáspora Paraguaya (CAMP Diáspora) lanzó un contundente reclamo al Estado paraguayo, cuestionando que las personas mayores que emigraron a Argentina queden excluidas de determinados beneficios sociales por no residir físicamente en Paraguay.
La organización sostiene que esta situación constituye una forma de discriminación por residencia y exige que las autoridades nacionales adopten medidas para garantizar los derechos de los adultos mayores paraguayos, independientemente del país donde vivan.
DENUNCIAN EXCLUSIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES
Según el comunicado de la organización, las leyes paraguayas N.º 1885 y N.º 7322 contienen disposiciones que, a criterio de los denunciantes, impiden que adultos mayores residentes en el extranjero accedan a determinados beneficios.
Los representantes de la diáspora consideran que esta exclusión debe revisarse a la luz de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada en Argentina mediante la Ley 27.360 y en Paraguay mediante la Ley 7600/2025.
La organización invoca especialmente los principios de igualdad y no discriminación, la protección social y la obligación estatal de prevenir situaciones de abandono y desprotección.
RECLAMAN RESPUESTAS DE LA EMBAJADA PARAGUAYA
De acuerdo con el comunicado, el pasado 22 de septiembre la Coordinadora presentó una nota formal ante la Embajada del Paraguay en Buenos Aires, denunciando una posible situación de desprotección de los adultos mayores paraguayos residentes en Argentina.
Los representantes aseguran que no recibieron respuesta a esa primera presentación.
Asimismo, informaron que el 27 de octubre ampliaron su reclamo con fundamentos jurídicos y anunciaron la entrega del expediente completo el 28 de octubre.
Entre sus principales exigencias figuran una audiencia urgente con la embajadora Helena Concepción Felip Salazar y la intervención de la Cancillería paraguaya para promover conversaciones bilaterales con Argentina sobre protección social, salud y derechos previsionales.
AUDIENCIA CON REPRESENTANTE DIPLOMÁTICO
La organización también anunció una audiencia con el ministro Juan Ramón Mancuello, prevista para el 29 de octubre, a las 10:00, en la sede diplomática paraguaya en Buenos Aires.
Los representantes adelantaron que acudirán al encuentro para exigir respuestas concretas y mecanismos de cooperación entre ambos países.
«SER MIGRANTE NO PUEDE SER UN CASTIGO»
La Coordinadora recordó que el artículo 57 de la Constitución Nacional del Paraguay establece la protección integral de las personas de la tercera edad.
Sus integrantes sostienen que abandonar el país por razones laborales, familiares o económicas no debería significar la pérdida automática de protección frente a situaciones de vulnerabilidad.
El reclamo plantea una cuestión de fondo: ¿qué protección efectiva ofrece el Estado paraguayo a sus adultos mayores cuando estos residen fuera del territorio nacional?
La organización solicita la intervención de los medios de comunicación, las entidades de derechos humanos y las comunidades paraguayas residentes en el exterior.
«No vamos a pedir un favor. Vamos a exigir que se cumpla la ley», expresa el comunicado.
La controversia abre un debate sobre el alcance de los derechos de los adultos mayores migrantes, la aplicación de los tratados internacionales y la necesidad de acuerdos entre Paraguay y Argentina.

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