Tres funcionarias denunciaron un presunto esquema de cobros irregulares que atribuyen a la senadora Zenaida Delgado. Según sus testimonios, se habrían exigido pagos mensuales provenientes de bonificaciones y sumas de entre G. 20 millones y G. 100 millones —e incluso mayores en algunos casos— a cambio de nombramientos permanentes en la Cámara de Senadores.
26/10/2026 / Asunción / Paraguay
De acuerdo con la investigación periodística de Radio Monumental, el supuesto mecanismo tendría dos etapas. Primero, funcionarios contratados y beneficiados con cargos que generan bonificaciones deberían entregar periódicamente parte o la totalidad de esos adicionales. Las denunciantes mencionan pagos mensuales de entre G. 1.350.000 y G. 2.500.000.
La segunda etapa se produciría cuando los funcionarios reúnen las condiciones para obtener un nombramiento permanente. Según los testimonios, allí se habrían solicitado sumas que iban desde G. 20 millones hasta G. 100 millones.
Una de las denunciantes asegura que las exigencias llegaron, en su caso, a G. 150 millones, mientras otras dos relataron haber entregado G. 50 millones y G. 15 millones, respectivamente.
PRÉSTAMOS PARA PAGAR LOS SUPUESTOS NOMBRAMIENTOS
Uno de los aspectos más graves de las denuncias es que algunas funcionarias aseguran haber tenido que endeudarse para reunir el dinero solicitado.
Una de ellas afirma que obtuvo G. 30 millones del BNF y posteriormente otro crédito para completar G. 50 millones. Según su relato, continúa pagando aproximadamente G. 5 millones mensuales en cuotas pese a haber sido posteriormente desvinculada.
Otra funcionaria declaró haber obtenido un préstamo de G. 15 millones de la Caja Parlamentaria, dinero que, según sostiene, terminó entregando dentro del supuesto esquema.
Las denunciantes aseguran que quienes no completaban los pagos, se negaban a endeudarse o mantenían diferencias con la legisladora podían terminar desvinculados, dejando nuevamente disponible el cargo para otra contratación.
DENUNCIAN QUE EL SISTEMA AFECTARÍA A ENTRE 15 Y 20 FUNCIONARIOS
Según los testimonios recogidos, el supuesto mecanismo podría alcanzar a entre 15 y 20 funcionarios del Congreso.
Las denunciantes también mencionan a otras personas del ámbito legislativo y administrativo que, según sus sospechas o relatos, habrían intervenido en distintos trámites relacionados con nombramientos, aumentos o créditos. Estas afirmaciones forman parte de las denuncias y requieren investigación y corroboración independiente.
Asimismo, aparece mencionada Fátima Agüero, exfuncionaria y persona que, según los testimonios, habría actuado como intermediaria en el ingreso de personal y posteriormente en comunicaciones e intimaciones.
PIDEN JUSTICIA
Las funcionarias aseguran que decidieron hablar después de soportar reiterados pedidos de dinero, endeudamiento y temor a perder sus puestos.
Una de ellas resumió la situación denunciada con una dura expresión: “Esto es un asalto a mano armada”.
El caso plantea acusaciones de extrema gravedad que deberán ser investigadas por las instituciones competentes. Los testimonios periodísticos constituyen denuncias y no equivalen por sí mismos a una determinación judicial de responsabilidad.
La cuestión central ahora es establecer si existieron efectivamente pagos vinculados a contratos o nombramientos, identificar el destino del dinero, verificar los movimientos financieros denunciados y determinar si otras personas participaron o tuvieron conocimiento del supuesto mecanismo.
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