SAN PEDRO. – Tres dirigentes de la Coordinadora de Sin Tierras del Norte fueron detenidos este lunes en el distrito de Santa Rosa del Aguaray, acusados de presunta apología del delito. Llama la atención el rigor con que actuó el ministerio público ordenando la captura de los dirigentes considerando que el hecho por el que se les sindica es tipificado como delito por el código penal.
19/11/25 – Redacción Central
Los aprehendidos son Ernesto Benítez, Rodolfo Zalazar y Sixto Cabrera, quienes quedaron detenidos por orden de la fiscala Laura Soledad Romero López, de la Fiscalía Zonal de Santa Rosa del Aguaray.
Los procedimientos fueron ejecutados por agentes de la Dirección de Investigación de Delitos.
La causa: anuncio de ocupación de tierras
Según el Informe Policial, los dirigentes habrían anunciado públicamente una ocupación de la estancia Lucipar para el próximo 5 de diciembre, acción que derivó en la apertura del proceso penal.
La organización a la que pertenecen mantiene históricas reivindicaciones de acceso a la tierra, y el caso ha generado preocupación en sectores sociales debido al rígido tratamiento fiscal, considerando que se trata de líderes campesinos en contexto de conflicto agrario.
Un cuarto dirigente con orden de captura
También se reporta que otro dirigente, Elvio Benítez, cuenta con orden de captura dentro del mismo expediente, aunque su paradero actualmente se desconoce.
Debate sobre persecución a luchadores sociales
El operativo generó críticas en organizaciones campesinas y defensoras de derechos humanos, que consideran que este tipo de procesos puede convertirse en una herramienta de criminalización de la lucha por la tierra.
Defensa cuestiona el procedimiento fiscal
Por su parte, el abogado Víctor Sanguinas, representante legal de los dirigentes detenidos, cuestionó duramente el accionar del Ministerio Público, afirmando que la Fiscalía está intentando “convertir en crimen el derecho a reclamar tierra”.
Sanguinas sostuvo que no existen elementos jurídicos suficientes para justificar la detención de sus defendidos:
“No hay mérito para ordenar estas capturas. Reclamar tierra no es un delito, es un derecho. La Fiscalía está actuando de manera arbitraria”, expresó.
El abogado también advirtió que el proceso podría constituir un precedente grave de criminalización de la lucha social, especialmente en un departamento donde los conflictos por la tierra se arrastran desde hace décadas.
