El caso de Eustaquia Riveros, una adulta mayor de 79 años, ha generado cuestionamientos sobre el actuar de las autoridades municipales y judiciales en un proceso que culminó con su desalojo del inmueble donde, según su defensa, vivió durante más de cuatro décadas.
17/07/26 – Redacción Central
De acuerdo con el abogado Óscar Soto, representante legal de la anciana, la Municipalidad de Mariano Roque Alonso habría adjudicado el terreno a un tercero pese a que Riveros residía allí desde hacía más de 40 años. Posteriormente, siempre según la versión de la defensa, el inmueble pasó a nombre del abogado de la empresa COVEPA, que promovió las acciones judiciales para recuperar la posesión.
El 25 de febrero de 2025, en cumplimiento de una orden dictada por el juez Alexis Vallejos, el oficial de justicia Carlos Álvarez, con apoyo de efectivos policiales, ejecutó el desalojo de la adulta mayor. Sus pertenencias fueron retiradas del inmueble y depositadas en la vía pública.
Tras el procedimiento, la empresa COVEPA presentó una denuncia por supuesta invasión de inmueble ajeno contra Eustaquia Riveros, uno de sus hijos y sus abogados. La causa quedó a cargo de la agente fiscal Cynthia Torres, quien inició la investigación correspondiente.
La defensa sostiene que durante el proceso no se valoraron elementos que, a su criterio, demostrarían el prolongado arraigo de la anciana en el lugar, entre ellos facturas de servicios públicos como agua y energía eléctrica, además de testimonios de vecinos que afirman que la mujer habitó el inmueble por más de 40 años.
Asimismo, el abogado Soto sostiene que el procedimiento vulneró derechos reconocidos a las personas adultas mayores por el artículo 57 de la Constitución Nacional, que dispone la obligación del Estado de brindarles protección integral, así como por la Ley N.º 1885, que establece medidas de protección para este sector de la población.
El caso vuelve a abrir el debate sobre el alcance de las garantías constitucionales para las personas de la tercera edad cuando se enfrentan a conflictos relacionados con la posesión o propiedad de inmuebles, y sobre la necesidad de que las decisiones judiciales contemplen no solo los aspectos patrimoniales, sino también la protección de los derechos humanos de quienes integran uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Mientras la investigación y los procesos judiciales continúan, la defensa insiste en que el caso merece una revisión integral para determinar si durante el procedimiento fueron respetadas todas las garantías constitucionales y legales que amparan a la adulta mayor.
