Posiciones dispares existen entorno a un inmueble colindante con el arroyo Aparay en el distrito de Villa Ygatimí Canindeyú, que es objeto de disputa entre un grupo de personas autodenominadas sintierras y la pobladora María Elva Benítez, esta última asegura que adquirió la propiedad años atrás y cuenta con los documentos correspondientes.
Desde hace 15 días atrás, el grupo de labriegos ingresó a la propiedad ya que sus dirigentes consideran que existen unas 120 hectáreas que fueron dejadas para los nuevos habitantes de la comunidad Ko ë Porä. En dicho lapso de tiempo, se produjeron episodios de violencia que por fortuna no ha desembocado en una tragedia hasta el momento.
“La señora compró 20 hectáreas, pero hizo correr su alambrada en forma individual a varias hectáreas más, sin solicitar; entonces la familia de Marketi solicitó dichas tierras, no en forma individual ante el INDERT, porque es luego de ellos la propiedad” manifestó Esteban Velázquez uno de los pobladores de la zona.
Por su parte, Elvio Iturbe, otro de los afectados, señaló que desde el primer momento en que ingresaron a la propiedad fueron amenazados por María Elva Benítez, inclusive llevando al lugar personas extrañas que quisieron amedrentarles con disparos de armas de fuego. “Nosotros le solicitamos el título de la propiedad, y ella solo nos exhibió un simple mapa que mandó hacer” indicó.
En su descargo, María Elva Benítez, dijo que desde hace dos años está en posesión de unas 64 hectáreas de tierras que adquirió de una familia antigua de la zona, y que constituye una reserva que colinda con el río Aparay y Jejui Guasu. Sindicó directamente a un tal José Roberto Ruíz Ortiz de ser el responsable de liderar la invasión a su propiedad.
Recordó que cuando se instaló en dichas tierras fue visitado por Ruíz Ortiz buscando extorsionarle para evitar que el grupo de sintierras entrara a su propiedad, “Yo no le di dinero, pero le ofrecí trabajo; solo dos días estuvo allí y no hizo nada, pero le tuve que pagar un millón quinientos mil esa vez, y le dije que era la primera y la última vez que le pagaba, y que la próxima vez le iba a denunciar” aseguró.
Siguió contando, que los invasores no son más que diez familias que cuentan con sus tierras y casas en la comunidad. Igualmente, sostuvo que el fondo de la cuestión es el dinero que quieren para abandonar la propiedad, el monto sería de GS 20 millones. Denunció que derrumbaron las puertas de su galpón de donde se llevaron escopetas, pero no llevaron otras pertenecías de mayor valor, por lo que quedó extrañada.
Los sintierras llegaron hasta frente del ministerio público de Curuguaty en la jornada del lunes último, donde exigieron que se levanten las imputaciones contra 4 personas que fueron aprehendidas por la policía durante la intervención días atrás. Mientras, el agente fiscal Juan Daniel Benítez, a cuyo cargo quedó la investigación del caso, anunció que se constituirá en el lugar de manera a verificar la situación, ya que cuenta con el informe del INDERT, donde le comunica que se otorgó el certificado de ocupación a ciertas personas y también se hace mención a la reserva.
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