Fernando de la Mora. Un nuevo episodio procesal marca la causa seguida contra el Coordinador Nacional de Adultos Mayores y Familia, Elías Cabral, luego de que el Ministerio Público no contestara dentro del plazo legal el recurso de apelación promovido por la defensa contra la resolución que admitió la imputación.
06/07/26 – Asunción – Paraguay
Mediante providencia del 2 de julio de 2026, el juez penal de garantías Alcides Corbeta declaró decaído el derecho del Ministerio Público para responder la apelación, al señalar que el fiscal Carlos Acuña fue notificado en tiempo y forma a través del expediente electrónico y, aun así, no presentó contestación dentro del plazo establecido.
En consecuencia, el magistrado ordenó remitir el expediente al Tribunal de Apelación Penal de la Circunscripción Judicial de Central, que será el encargado de analizar el recurso interpuesto por la defensa técnica del dirigente social.
La resolución judicial señala expresamente:
«Dése por decaído el derecho que ha dejado de ejercer el Ministerio Público para contestar el recurso de apelación, pese a que fue notificado en debida y legal forma…»
Desde la defensa de Cabral sostienen que la actuación del Ministerio Público evidencia las debilidades de una imputación que consideran jurídicamente insostenible. El abogado Jorge Figueredo argumenta que el recurso plantea la nulidad de una imputación por supuesto abandono, al considerar que el dirigente no tenía deber legal de guarda o tutela sobre los adultos mayores que participan de la denominada Carpa de la Resistencia.
Asimismo, la defensa cuestiona la investigación desarrollada por la Fiscalía, afirmando que no se habrían valorado adecuadamente los elementos de descargo ni las circunstancias en que fue organizada la manifestación, invocando el principio de objetividad previsto en el artículo 54 del Código Procesal Penal.
El caso ha generado un amplio debate sobre los límites de la actuación penal frente a dirigentes sociales y el alcance del derecho constitucional de reunión y manifestación.
Por su parte, Elías Cabral anunció que impulsará acciones legales contra el fiscal Carlos Acuña, al considerar que durante la investigación se incurrió en actuaciones que, según su criterio, podrían configurar una persecución penal indebida.
Con el expediente ya en manos del Tribunal de Apelación, será esa instancia la que deberá resolver si confirma la resolución cuestionada o si hace lugar a los planteamientos formulados por la defensa.
La decisión será observada con atención por organizaciones sociales y sectores jurídicos, ya que podría tener implicancias sobre la interpretación de las garantías constitucionales vinculadas al derecho de protesta y a los estándares que deben regir la actuación del Ministerio Público.
