La muerte de Lalo Gomes dejó más sombras que respuestas. Todo indica que fue una quema de archivo, una maniobra para borrar evidencias y proteger intereses dentro del poder.
14/10/25 – Redacción Central
El juez Osmar Legal, hoy convertido en protagonista de la causa, debe su cargo al cartismo, pese a que no contaba con los puntajes suficientes para ocupar el puesto. Aun así, fue favorecido políticamente.
Este mismo magistrado ordenó el allanamiento de madrugada, sin presencia de cámaras ni registro audiovisual, una irregularidad grave que genera sospechas sobre el procedimiento.
Más tarde, difundió selectivamente mensajes privados del fallecido, filtrándolos al diario ABC Color, con el claro objetivo de embarrar a un medio opositor al cartismo y desviar la atención del trasfondo político.
Cabe recordar que Osmar Legal, cuando era fiscal, mantenía comunicación con Lalo, pero curiosamente entre los mensajes divulgados no aparecen conversaciones con Horacio Cartes ni con otros referentes del oficialismo.
Mientras tanto, la Fiscalía controlada por el cartismo no imputó a nadie por este crimen político, y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), donde el cartismo tiene mayoría, no tocó ni a los fiscales ni al juez involucrado.
Este blindaje institucional muestra cómo el poder se protege a sí mismo.
La justicia en Paraguay parece tener dueño, y el silencio oficial solo confirma que la verdad arde junto con los archivos.
