Asunción. El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, admitió la cuarta imputación presentada por el Ministerio Público contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos (Yo Creo), en el marco de una investigación por presunta lesión de confianza vinculada a obras realizadas en el Hospital Regional de Ciudad del Este.
13/03/26 – Asunción – Paraguay
La resolución judicial también dispone comunicar a la Cámara de Diputados la imputación formulada contra el diputado Walter Hugo García Méndez, quien aparece igualmente mencionado en la causa.
Asimismo, el magistrado fijó para los días 6 y 7 de abril la audiencia de imposición de medidas para los encausados.
Investigación fiscal
La imputación fue presentada por los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle Monges y María Verónica Valdez, integrantes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público.
Según la investigación, el proceso se centra en una presunta sobrefacturación en obras ejecutadas durante la pandemia en el Hospital Regional de Ciudad del Este, mediante fondos transferidos al Consejo Local de Salud (CLS).
De acuerdo con los investigadores, entre diciembre de 2019 y agosto de 2022 se habrían realizado transferencias de recursos municipales al Consejo Local de Salud, que posteriormente fueron utilizados para obras y refacciones dentro del hospital.
Presunto perjuicio patrimonial
El Ministerio Público sostiene que existirían diferencias entre los montos pagados y las obras realmente ejecutadas, lo que habría generado un daño patrimonial estimado en G. 757.166.276.
Según la imputación, durante su gestión como intendente, Miguel Prieto habría autorizado diez transferencias de recursos al Consejo Local de Salud mediante distintas resoluciones municipales.
Los fondos transferidos provenían de ingresos generados por la Terminal de Ómnibus de Ciudad del Este y estaban destinados a aportes para entidades sin fines de lucro, conforme a los mecanismos de financiamiento municipal.
El proceso judicial continuará con las audiencias previstas para abril, donde se analizarán las medidas cautelares que podrían aplicarse a los imputados.
