Los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera, Luis Piñánez y Verónica Valdez presentaron imputación por cohecho pasivo agravado contra el exdiputado Orlando Arévalo y las exjuezas Carmen Silva y Ana Aguirre, tras encontrarse en los chats de Eulalio “Lalo” Gomes indicios de un presunto esquema de pagos ilícitos para influir en resoluciones judiciales y evitar sanciones en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
15/12/25 – Asunción – Paraguay
En la causa también está imputado Guido Díaz Frutos, señalado como intermediario entre Lalo Gomes y las autoridades supuestamente beneficiadas.
Exdiputado investigado por favorecer resoluciones a cambio de dinero
La Fiscalía sostiene que Díaz Frutos habría actuado como cómplice de Arévalo, quien de acuerdo a los elementos reunidos habría aceptado beneficios indebidos para influir en decisiones del JEM. Por este motivo, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva tanto para Arévalo como para Díaz Frutos, al considerar riesgo de fuga y de obstrucción.
Exjuezas procesadas por fallos y filtraciones
Las exmagistradas de Pedro Juan Caballero también enfrentan serias acusaciones:
- Carmen Silva está imputada por cohecho pasivo agravado, prevaricato y frustración de la persecución y ejecución penal.
- Ana Graciela Aguirre afronta imputación por cohecho pasivo agravado y prevaricato.
Ambas integraron el Tribunal de Sentencia que absolvió a Waldemar Pereira Rivas, alias “Cachorrão”, acusado del asesinato del periodista Leo Veras. Según la Fiscalía, las exjuezas excluyeron pruebas clave y posteriormente ordenaron la liberación del acusado.
La investigación sugiere que habrían utilizado sus cargos para beneficiar a procesados, como Anderson Ríos Villalba y el propio Cachorrão, “a cambio de favores políticos”, con Lalo Gomes como intermediario. A Carmen Silva también se le atribuye la presunta filtración de información del Operativo Pavo Real, donde Gomes era investigado.
Una investigación que se extendió por diez meses
El caso se abrió en febrero tras una denuncia del juez de Crimen Organizado Osmar Legal, quien detectó en el celular de Lalo Gomes mensajes que mostraban maniobras para proteger a jueces, fiscales y políticos ante el JEM. Entre los mencionados figuraban los fiscales Lorenzo Lezcano, Katia Uemura y Stella Mary Cano.
Los chats revelaron reuniones organizadas por Gomes en la vivienda de Orlando Arévalo cuando este se desempeñaba como vicepresidente primero del JEM. También se hallaron transferencias de dinero realizadas por Lalo a la cuenta de Arévalo, presuntamente a cambio de gestiones hechas desde su cargo.
Arévalo, quien ya había sido salpicado por denuncias de tráfico de influencias, finalmente abandonó el JEM tras perder el respaldo político que lo protegía.
