La Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID) expresa su profunda preocupación y rechazo ante la violenta intervención realizada este viernes en la comunidad indígena Y’apo, departamento de Canindeyú, durante un operativo encabezado por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y fuerzas del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI).
16/08/26 – Redacción Central
El procedimiento dejó como resultado la muerte del líder de la comunidad Antonio Carrillo y de otra persona que se encontraba con él, además de la detención de otro referente indígena de la zona.
Según denuncias de miembros de la comunidad, no se habría producido ningún enfrentamiento durante el operativo, versión que contradice el relato oficial y que hace imprescindible esclarecer, mediante evidencias y pericias, las circunstancias exactas en que se produjeron las muertes.
ANIVID considera extremadamente grave que una intervención armada de organismos del Estado dentro de una comunidad indígena haya terminado con personas fallecidas.
Por ello, exigimos una investigación seria, independiente, transparente y exhaustiva, que permita establecer qué ocurrió, quién disparó, en qué circunstancias se produjeron las muertes y si la actuación de los agentes intervinientes se ajustó a la ley.
Rechazamos categóricamente que cualquier acusación contra una persona sea utilizada para justificar atropellos, violencia o muertes dentro de una comunidad indígena. Toda persona tiene derecho al debido proceso y ninguna sospecha puede sustituir la actuación de la Justicia.
Asimismo, deslindamos a las comunidades indígenas de cualquier responsabilidad colectiva por la expansión del narcotráfico y del crimen organizado en la región. La existencia de actividades ilícitas no puede utilizarse para estigmatizar a los Pueblos Indígenas ni convertir sus comunidades en territorios sometidos permanentemente a la violencia.
EL ESTADO NO PUEDE LLEGAR ÚNICAMENTE CON ARMAS
Lo ocurrido en Y’apo debe analizarse dentro de una problemática mucho más profunda. Numerosas comunidades indígenas de Canindeyú y de otras regiones del Paraguay soportan desde hace años situaciones de abandono, vulnerabilidad y falta de oportunidades.
La insuficiente protección territorial, las deficiencias en servicios básicos y la débil presencia institucional crean condiciones que pueden ser aprovechadas por organizaciones criminales, dejando a las propias comunidades expuestas.
El Estado no puede aparecer solamente con fuerzas armadas cuando el problema ya está instalado.
Tiene la obligación permanente de garantizar los derechos, la seguridad y la protección de los Pueblos Indígenas, respetando sus territorios, su autonomía, sus autoridades y las garantías establecidas en la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
“LAS COMUNIDADES INDÍGENAS NO SON TERRITORIOS DE GUERRA”
ANIVID sostiene que las comunidades indígenas no pueden ser tratadas como territorios de guerra ni sus líderes como enemigos.
Denunciamos la histórica violencia, discriminación y despojo sufridos por los Pueblos Indígenas y reclamamos el pleno respeto de sus derechos humanos.
Asimismo, ANIVID responsabiliza políticamente al Gobierno del presidente Santiago Peña y al ministro del Interior, Enrique Riera, por las políticas de seguridad implementadas y exige explicaciones sobre las actuaciones de las fuerzas estatales involucradas en hechos que hayan causado muertes de integrantes de pueblos indígenas.
Permaneceremos de pie y en vigilia permanente, reclamando verdad y justicia.
Finalmente, ANIVID llama a las instituciones defensoras de derechos humanos, organizaciones sociales, autoridades competentes y a toda la sociedad paraguaya a mantenerse vigilantes ante estos acontecimientos.
Exigimos verdad.
Exigimos justicia.
Exigimos una investigación independiente.
Exigimos garantías de no repetición.
Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID)
Asunción, 14 de agosto de 2026
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