Un grave escándalo judicial sacude al Juzgado de Primera Instancia de Katueté, donde la jueza Josefina Gunssett Melgarejo es acusada de realizar un bloqueo procesal deliberado que habría favorecido intereses particulares ligados al denominado Clan Villalba y al abogado Robert Bogado, dentro de un caso de presunto despojo de tierras adjudicadas por el INDERT.
KATUETÉ, CANINDEYÚ – 07 DE OCTUBRE DE 2025
El conflicto gira en torno a un juicio por posesión de inmueble rural en el que el legítimo ocupante, Brígido Enciso Alonso, denunció maniobras destinadas a anular los efectos de una futura sentencia favorable.
Según fuentes judiciales, la jueza Gunssett habría rechazado la Anotación de Litis el aviso legal que informa que una propiedad está en litigio, decisión que permite que el inmueble sea vendido o transferido a terceros durante el proceso.
Esta omisión tendría consecuencias graves: si Enciso gana el juicio, la sentencia solo tendría efecto contra los demandados originales, Donato Andrés Gómez Alfonzo y Camila Benítez Toledo, pero no contra quienes adquieran la tierra después. En la práctica, esto haría inútil la sentencia y consolidaría el despojo del legítimo beneficiario del INDERT.
“La magistrada bloqueó el mecanismo de defensa legal y garantizó que el despojo sea irreversible”, señaló una fuente jurídica cercana al caso.
DENUNCIA EN CAMINO: JEM Y CORTE SUPREMA BAJO ALERTA
Fuentes confirmaron que se está preparando una denuncia formal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por mal desempeño de funciones y presunto prevaricato, además de una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Esta actuación vulnera el derecho a la defensa, afecta la seguridad jurídica y deja abierta la puerta para un despojo consumado”, expresaron los asesores legales de Enciso Alonso.
La denuncia sostiene que la inacción de la Corte Suprema podría permitir que el Juzgado de Katueté siga dictando resoluciones contrarias a derecho, debilitando la confianza ciudadana en el sistema judicial.
