ASUNCIÓN, PARAGUAY — Al cumplirse el segundo año de mandato del presidente Santiago Peña, su administración enfrenta un intenso escrutinio público y críticas severas, especialmente en lo que respecta al tratamiento de los adultos mayores y la situación general del país.
15/08/25 – Asunción – Paraguay
El sector de la tercera edad ha sido uno de los más vocales en su descontento. Según defensores de los derechos humanos y organizaciones civiles, los adultos mayores han experimentado un “enorme sufrimiento y humillaciones” debido al abandono de las instituciones encargadas de su bienestar. La denuncia central apunta a que el gobierno no ha cumplido con la protección integral que establece el artículo 57 de la Constitución Nacional, que garantiza la protección de este grupo vulnerable.
- Violación del derecho a la protección integral de la tercera edad
El Gobierno del presidente Santiago Peña promulgó la Ley N° 7322, denominada de pensión “universal”, cuyo diseño y aplicación vulneran el artículo 57 de la Constitución Nacional, que establece la “protección integral a las personas de la tercera edad”.
El monto asignado a la pensión representa apenas el 25% del salario mínimo vigente, lo que resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud y bienestar.
La situación se agrava ante la ausencia de medicamentos, estudios y análisis en los hospitales públicos, obligando a las personas adultas mayores a asumir gastos imposibles de cubrir con el monto otorgado.
- Violación del principio de igualdad y no discriminación
La Ley N° 7322, en clara contradicción con el artículo 46 de la Constitución Nacional (“Igualdad de las personas ante la ley” y “No discriminación”), establece que solo se incorporarán 30.000 nuevos beneficiarios por año sobre un universo superior a 230.000 adultos mayores que aún no acceden al derecho a la pensión, generando una discriminación arbitraria e injustificada. - Manejo irregular y negligente de las tarjetas de pago
Denunciamos que el Gobierno:
Envía tarjetas y códigos a personas fallecidas hace años, en un acto de irresponsabilidad y burla hacia quienes están vivos y padecen el abandono estatal.
Bloquea de forma arbitraria cientos de tarjetas de beneficiarios activos, incluyendo personas en tratamiento contra enfermedades graves, dejándolos sin recursos para costear medicamentos y cuidados esenciales.
- Políticas asistencialistas que no garantizan derechos
El Gobierno recurre a la entrega de lentes, víveres y beneficios menores que únicamente aplacan necesidades momentáneas, en lugar de garantizar de forma efectiva y permanente los derechos que por ley y justicia corresponden a las personas adultas mayores.
Más allá de este sector, el informe sobre los primeros dos años de gestión de Peña muestra un grave retroceso en múltiples áreas sensibles. Entre los puntos más criticados se encuentran:
- Derechos Humanos: Se ha señalado un deterioro en la protección y promoción de los derechos fundamentales.
- Seguridad: La ciudadanía percibe una falta de control en materia de seguridad pública, con un aumento en la percepción de inseguridad.
- Salud: El sistema de salud pública sigue presentando deficiencias, con escasez de insumos y dificultades en la atención.
- Empleo y Pobreza: Los críticos sostienen que las políticas implementadas no han logrado reducir de manera significativa los índices de desempleo y pobreza, lo que contradice las promesas de campaña.
- Transporte: El servicio de transporte público sigue siendo un problema crónico que afecta la calidad de vida de miles de paraguayos.
El eslogan de campaña «vamos a estar mejor» ha sido duramente cuestionado. Para una parte de la población, esta promesa solo se ha cumplido para un círculo cercano de autoridades y privilegiados en el poder, dejando a la mayoría sin los beneficios prometidos.
Este análisis crítico marca un desafío significativo para la segunda mitad del mandato del presidente Peña, quien deberá responder a las necesidades, de lo contrario puede enfrentarse a la revuelta ciudadana.
