El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, fue denunciado ante el Ministerio Público por supuestas irregularidades en el cobro de deudas correspondientes a tierras adjudicadas en Bahía Negra, departamento de Alto Paraguay.
03/10/26 / Asunción / Paraguay
La denuncia fue presentada por el abogado Weldon Walter Black Zaldívar, yerno del vicepresidente Pedro Alliana, y también alcanza a personas aún no individualizadas.
El caso está relacionado con tres juicios ejecutivos promovidos por el Indert contra Ángel David Bobadilla Rivas, Sergio Miguel Morán Barrios y Mario Alejandro Olmedo Urquhart. En conjunto, la institución reclamaba alrededor de G. 6.228 millones, incluyendo cuotas vencidas e intereses moratorios y punitorios.
Según la denuncia, posteriormente los procesos fueron finiquitados tras realizarse pagos que habrían incluido descuentos de hasta el 65% sobre determinados intereses, supuestamente sin respaldo legal. El denunciante estima que solamente este procedimiento habría ocasionado un perjuicio superior a G. 1.000 millones.
También se cuestiona que el Indert habría utilizado fondos públicos para cubrir gastos judiciales sin exigir posteriormente su devolución a los demandados.
Otro punto señalado es un supuesto pago de aproximadamente G. 155 millones en concepto de honorarios a un oficial de Justicia, equivalente al 2,5% del monto involucrado, porcentaje que el denunciante considera irregular.
Los tres juicios fueron finalmente cerrados y archivados entre mayo y junio de 2025. Según la presentación, las resoluciones señalan que los demandados abonaron el capital reclamado, pero el denunciante cuestiona si fueron satisfechas íntegramente todas las obligaciones correspondientes.
Black Zaldívar solicitó que la Fiscalía investigue una eventual lesión de confianza y determine quiénes adoptaron las decisiones administrativas cuestionadas, cuáles fueron los dictámenes que las respaldaron y cuál sería, eventualmente, el perjuicio patrimonial ocasionado al Estado.
Las irregularidades denunciadas constituyen por el momento alegaciones que deberán ser verificadas por el Ministerio Público durante la investigación.
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