15/10/22 – Redacción central
Marcos Orellana, relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer su informe con relación a la misión encomendada en Paraguay sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos (DDHH).
“Durante mi visita he observado que Paraguay tiene una buena base de leyes ambientales, sin embargo, la gran mayoría no se cumplen. Esto genera desprotección de las personas frente a riesgos ambientales particularmente en el ámbito de la extracción agroindustrial”.
“Paraguay tiene una gran oportunidad de afrontar estos desafíos de manera decidida y estructural, de no hacerlo, el país corre el riesgo de quedarse fuera de mercados internacionales que cada vez más buscan asegurar cadena de suministros respetuosas del medioambiente y los derechos humanos”.
“Quisiera mencionar, como ya he hecho en repetidas ocasiones, el aberrante doble estándar de países que prohíben el uso de pesticidas porque son peligrosos para la salud y el medio ambiente, pero a la vez permiten su producción y exportación a países en desarrollo” añadió.
El alto enviado al país, dijo que “Las multas no son un sustituto para penas privativas de libertad ante graves daños al medio ambiente y las personas y que le preocupa la utilización del derecho penal como instrumento de represión de la protesta y la articulación social”.
Recordó que Paraguay promulgó una ley 2524, conocida como de Deforestación “Cero” en la Región Oriental, en el año 2004. Sin embargo, de acuerdo con mapeos satelitales entre 2006 y 2016, se deforestaron un promedio de 60 hectáreas por día.
Actualmente, el 94% de las tierras agrícolas en Paraguay está destinada a la agroindustria dependiente de insumos químicos Este dato, que sería preocupante por sí mismo, resulta aún más escalofriante cuando se tiene en cuenta que los agrotóxicos más importados en el país son el glifosato, el 2,4-D y el paraquat. Estos pesticidas son altamente peligrosos según precisó.
Esto frustra el interfaz ciencia-política que está en la base del Convenio y por consiguiente, perjudica su efectividad. La ley N° 3.742 de control de productos fitosanitarios de uso agrícola establece medidas de protección ante la aplicación de agrotóxicos prcicisó.
En cuanto a las barreras vivas de protección para las fumigaciones dijo; “he podido ver con mis propios ojos el flagrante incumplimiento de esta ley ante la falta de franjas de protección, lo que resulta en la deriva de pesticidas sobre los cuerpos, viviendas y cultivos de las comunidades aledañas”.
Estos informes serán abordados en el seno de los Derechos Humanos de la ONU en el año 2023.
