Una grave acusación pone nuevamente bajo cuestionamiento al ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas. El adulto mayor Diosnel Romero denunció que habría recibido presiones para responsabilizar al dirigente social Elías Cabral de haberle llevado hasta la Carpa de la Resistencia, instalada frente al Ministerio de Desarrollo Social (MDS), para se utilizado por la fiscalía en la imputación de Cabral.
13/11/26 | Asunción | Paraguay
Una nueva controversia surge en torno al proceso judicial abierto contra Elías Cabral, coordinador nacional de la Coordinadora Nacional de Adultos Mayores y Familia, quien enfrenta una investigación del Ministerio Público relacionada con las movilizaciones desarrolladas frente al Ministerio de Desarrollo Social.
Esta vez, la denuncia proviene de un adulto mayor que asegura haber sido presionado para brindar una versión que, según afirma, no se ajustaba a la verdad.
«No mientan, les dije», afirmó el adulto mayor
Diosnel Romero relató que habría recibido presiones para declarar que Elías Cabral fue responsable de llevarle a la carpa de la resistencia don Bernabé Garay Medina.
Sin embargo, Romero rechazó esa versión y aseguró que no estaba dispuesto a sostener una afirmación falsa.
«No mientan, les dije», expresó el septuagenario al referirse a lo ocurrido.
El denunciante no integra formalmente la Coordinadora Nacional de Adultos Mayores y Familia, pero decidió sumarse a las reivindicaciones después de la instalación de la carpa frente al MDS.
Su testimonio resulta particularmente relevante porque cuestiona la versión que, según su denuncia, se pretendía obtener para involucrar al dirigente social en los hechos investigados por la Fiscalía.
Tadeo Rojas también habría engañado al denunciante sobre su pensión
Romero formuló además otro cuestionamiento contra el titular del Ministerio de Desarrollo Social.
Según su relato, el propio Tadeo Rojas le habría indicado que acudiera a una entidad bancaria para cobrar su pensión alimentaria.
Sin embargo, al presentarse en el banco, recibió la información de que no existía ningún depósito disponible a su nombre.
El adulto mayor considera que fue engañado por el ministro, situación que aumenta su malestar ante el trato que asegura haber recibido.
De confirmarse estos hechos, estaríamos ante una situación sumamente preocupante: un adulto mayor que reclama sus derechos sociales y que, según su denuncia, habría sido sometido a presiones para involucrar penalmente a un dirigente que acompaña las reivindicaciones del sector.
¿Se intentó fabricar una declaración contra un dirigente social?
La acusación de Diosnel Romero plantea una pregunta de enorme gravedad institucional:
¿Se intentó utilizar a una persona adulta mayor para construir una declaración perjudicial contra Elías Cabral?
Si se comprueba que existieron presiones para obtener un testimonio falso, corresponderá investigar quiénes participaron, qué instrucciones se impartieron y si se pretendía incorporar esa declaración al expediente penal.
El Ministerio Público no puede convertirse en instrumento de intereses políticos ni permitir que las investigaciones se desarrollen sobre la base de declaraciones obtenidas mediante intimidaciones o presiones indebidas.
Tampoco puede admitirse que funcionarios públicos utilicen su posición de autoridad para influir en testimonios relacionados con causas judiciales.
La Fiscalía tiene la obligación de investigar tanto los hechos atribuidos al dirigente social como cualquier denuncia que pueda comprometer la legalidad y la transparencia del procedimiento.
Una denuncia que refuerza los cuestionamientos sobre la investigación
Elías Cabral enfrenta un proceso penal por supuestos hechos punibles de abandono e incitación a cometer hechos punibles, relacionados con las movilizaciones de adultos mayores.
Su defensa sostiene que la causa constituye una forma de criminalización de la protesta social y cuestiona la suficiencia de los elementos probatorios presentados.
La denuncia formulada por Diosnel Romero aporta un nuevo motivo para exigir que se examine cuidadosamente la actuación de todas las personas involucradas.
Si se confirma que se intentó presionar a un adulto mayor para declarar falsamente, la investigación deberá extenderse a los posibles responsables de esa conducta, independientemente del cargo político que ocupen.
No obstante, el testimonio denunciado debe ser corroborado mediante las diligencias correspondientes. Por sí solo, no demuestra que exista una persecución judicial organizada ni acredita responsabilidad penal del ministro.
El ministro debe dar explicaciones
Ante la gravedad de las acusaciones, corresponde que Tadeo Rojas responda públicamente si mantuvo algún contacto con Diosnel Romero relacionado con el proceso judicial contra Elías Cabral.
También debe aclararse si existieron reuniones, conversaciones o gestiones destinadas a obtener declaraciones sobre la participación de adultos mayores en la Carpa de la Resistencia.
Un ministro de Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de los ciudadanos, especialmente de aquellos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. No debe ejercer presiones sobre quienes acuden a reclamar asistencia y protección social.
La ciudadanía merece conocer la verdad.
La denuncia debe ser investigada con independencia, sin protección política y con todas las garantías legales para el denunciante y las personas señaladas.
Los adultos mayores no pueden ser utilizados como instrumentos de disputas políticas ni como herramientas para perjudicar a dirigentes sociales.
La justicia debe esclarecer lo ocurrido, determinar si existieron presiones indebidas y garantizar que ninguna persona sea perseguida por ejercer legítimamente su derecho a reclamar mejores condiciones de vida.
Porque defender los derechos de los adultos mayores no constituye un delito, y denunciar presuntas presiones políticas tampoco puede quedar sin una investigación seria.
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