Abogado solicita una auditoría de la gestión fiscal, investigación de los agentes intervinientes y reasignación de la causa a otro fiscal para garantizar la objetividad del proceso.
16/10/26 / Asunción / Paraguay
ASUNCIÓN, 15 DE OCTUBRE DE 2026. Una grave denuncia por presuntas irregularidades en el ejercicio de la acción penal pública fue presentada este jueves ante la Fiscalía General del Estado, a cargo del Dr. Emiliano Rolón Fernández, por el abogado Jorge Figueredo, representante legal del dirigente social Elías Cabral Estigarribia, coordinador de la organización de Adultos Mayores y Familia del Paraguay.
La presentación denuncia una supuesta persecución fiscal y judicial, así como la privación arbitraria de libertad del dirigente, quien enfrenta un proceso penal por su participación en las movilizaciones de adultos mayores frente al Ministerio de Desarrollo Social (MDS).
CUESTIONAN LA IMPUTACIÓN DEL FISCAL CARLOS ACUÑA
En el documento, el abogado Figueredo sostiene que la imputación presentada por el fiscal Carlos Acuña, de la Fiscalía de Fernando de la Mora, presenta graves deficiencias jurídicas y procesales.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que el acta de imputación utiliza «presunciones» en lugar de afirmaciones concretas sobre los hechos atribuidos, circunstancia que, según la defensa, evidencia debilidades en la fundamentación de la acusación.
El profesional del derecho sostiene que la investigación se inició a partir de la denuncia de un alto funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, en el contexto de las manifestaciones pacíficas que reclamaban el acceso universal a la pensión alimentaria para las personas adultas mayores.
Asimismo, denuncia que se habría utilizado el aparato fiscal y judicial para criminalizar el ejercicio de derechos constitucionales, particularmente la libertad de manifestación y el derecho a peticionar a las autoridades.
DENUNCIAN QUE CABRAL FUE IMPUTADO SIN HABER SIDO ESCUCHADO
Otro de los aspectos cuestionados es la actuación del Ministerio Público respecto a la declaración indagatoria del dirigente.
Según la presentación, la Fiscalía demoró aproximadamente cinco meses en convocar a Elías Cabral para prestar declaración, pese a que ya había sido imputado.
La defensa considera que esta circunstancia constituye una irregularidad que debe ser examinada por las autoridades superiores del Ministerio Público.
SOLICITAN INVESTIGAR A DOS AGENTES FISCALES
Ante las supuestas irregularidades denunciadas, el abogado Jorge Figueredo formuló cuatro peticiones concretas al fiscal general del Estado:
- Admitir formalmente la denuncia por presuntas irregularidades en el ejercicio de la acción penal pública.
- Solicitar un informe pormenorizado al fiscal Carlos Acuña, de la Unidad Penal N.º 2 de Fernando de la Mora, sobre la tramitación de la causa y las decisiones adoptadas durante la investigación.
- Disponer una auditoría inmediata, a través de la Dirección de Control Interno y la Inspectoría General del Ministerio Público, para determinar eventuales responsabilidades de los agentes fiscales Carlos Acuña y Carmen Bogado.
- Remitir y reasignar la causa a otro agente fiscal, con el propósito de garantizar el principio de objetividad en la investigación penal.
EXIGEN MEDIDAS PARA RESTABLECER LOS DERECHOS DEL DIRIGENTE
En su presentación, la defensa exhorta al fiscal general Emiliano Rolón a adoptar medidas administrativas y disciplinarias, así como las actuaciones procesales que correspondan, para restablecer los derechos que considera vulnerados y reparar el daño reputacional ocasionado a Cabral.
El abogado sostiene que la causa penal se originó a raíz de una movilización social pacífica, organizada para exigir el cumplimiento de derechos reconocidos a las personas de la tercera edad.
La denuncia también hace referencia a las gestiones previas realizadas ante autoridades nacionales, entre ellas el presidente de la República, representantes del Congreso Nacional y autoridades del Ministerio de Desarrollo Social.
LA FISCALÍA GENERAL YA RECIBIÓ LA DENUNCIA
El escrito, fechado el 15 de octubre de 2026, cuenta con sello de recepción de la Fiscalía General del Estado, lo que acredita su presentación formal ante la institución.
La defensa espera que el Ministerio Público examine los cuestionamientos formulados y determine si existieron irregularidades o responsabilidades funcionales durante la investigación.
El caso abre un nuevo capítulo en el proceso penal contra Elías Cabral, mientras su defensa cuestiona la legalidad y objetividad de las actuaciones fiscales y reclama garantías constitucionales para el dirigente social.
Hasta el momento, la documentación presentada no acredita que la Fiscalía General haya ordenado una auditoría ni que se haya dispuesto la reasignación de la causa. Tampoco consta en estos documentos una respuesta de los agentes fiscales señalados.
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