Imputan a decano de la UNICAN por supuesta falsificación de documentos

02/12/22 – Salto del Guairá – Canindeyú

En el marco de la causa N° 1610/2022, el agente fiscal Meiji Udagawa, formuló imputación contra Francisco Julián Delgado decano de la carrera de derecho de la Universidad Nacional de Canindeyú (UNICAN), por el supuesto hecho punible de producción de documentos no auténticos.

De acuerdo al acta de imputación, el sindicado supuestamente falsificó alevosamente la firma de uno de sus clientes y presentó en varias documentaciones ante los órganos jurisdiccionales de la justicia, acarreando perjuicios patrimoniales a su representado.

El denunciante, Favio Rodríguez Andrades, se percató del hecho el 5 de septiembre del año en curso, luego de recibir la notificación sobre la regulación de honorarios profesionales enviada por el denunciado Francisco Julián Delgado, y fue en dicho momento cuando se percató que el decano de la UNICAN desistió y dejó caducar juicios, falsificó su firma, ocasionándole una pérdida de aproximadamente 1 000 millones de guaraníes.

“El mismo otorgó un poder general al profesional denunciando, de manera a que este realice en su representación trámites en el marco de varias acciones civiles ante el juzgado del fuero de la ciudad de Salto del Guairá, donde el victimario obró en perjuicio de este, ocasionándole un daño patrimonial” reza la imputación.

El fiscal Udagawa presentó el trabajo pericial que realizó el perito criminalístico de la policía nacional Lic. Elvio Rojas Peña, confirmando que las firmas estampadas en las fojas N° 177 y 200 de la carpeta fiscal, sobre solicitud de desistimiento de la instancia, presentado en el expediente judicial, no corresponde a la firma de Fabio Rodríguez Andrades.

Francisco Julián Delgado fue imputado como autor directo, en la conducta que se subsume en el art. 246 inc. 1 y 2 del código penal que habla de la producción de documentos no auténticos, en concordancia con el art. 29 del mismo cuerpo legal.

El representante del ministerio público dejó a cargo del juzgado penal de garantías tomar la decisión sobre la medida que corresponda en el caso, si lo envía a prisión o si le otorga medidas alternativas a la prisión preventiva.

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