A solo un mes de concluir la etapa investigativa, el fiscal Carlos Acuña no habría logrado identificar siquiera un testigo que respalde las acusaciones formuladas contra el dirigente social Elías Cabral, procesado por supuesto abandono e incitación a cometer hechos punibles.
10/10/26 / Redacción Central
La actuación del agente fiscal Carlos Acuña vuelve a quedar bajo cuestionamiento por la aparente falta de elementos testimoniales que sustenten la imputación contra el coordinador nacional de la Coordinadora de Adultos Mayores y Familia del Paraguay, Elías Cabral.
Según la revisión de la carpeta fiscal realizada por la defensa, el expediente contiene numerosos pedidos de informes dirigidos a distintas instituciones públicas. Sin embargo, no figurarían declaraciones de testigos que corroboren los hechos denunciados por Alberto Lezcano, funcionario del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y señalado como dirigente seccionalero.
Esta situación genera serios cuestionamientos sobre la solidez de la investigación y la objetividad con la que se estaría conduciendo el proceso penal.
Desde sectores vinculados a la defensa del dirigente social se cuestiona duramente la actuación de Acuña, a quien atribuyen una supuesta subordinación a los intereses políticos del ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas. Se trata de una acusación que requiere elementos de prueba y que no constituye un hecho judicialmente establecido.
UNA IMPUTACIÓN BAJO CUESTIONAMIENTO
La defensa sostiene que los elementos incorporados hasta el momento no serían suficientes para demostrar la participación de Cabral en los hechos punibles que se le atribuyen.
Asimismo, cuestiona la continuidad de las medidas restrictivas impuestas al dirigente, considerando que el proceso tiene como trasfondo las movilizaciones pacíficas impulsadas en defensa de los derechos de las personas adultas mayores.
CITACIÓN PARA EL MARTES 13 DE OCTUBRE
El próximo martes 13 de octubre, a las 09:00 horas, Elías Cabral deberá comparecer ante la Fiscalía de Fernando de la Mora para prestar declaración en el marco de la causa penal.
En esa misma jornada, sus representantes y seguidores exigirán el restablecimiento de su libertad ambulatoria, al cumplirse aproximadamente una semana desde la imposición de la prisión domiciliaria.
Paralelamente, se prevé la presentación de denuncias ante organismos de derechos humanos y otras instancias competentes, con el propósito de cuestionar las actuaciones judiciales y reclamar garantías para el ejercicio de la protesta social.
EL DEBATE SOBRE LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
El caso vuelve a instalar el debate sobre los límites de la persecución penal y la protección constitucional del derecho a manifestarse pacíficamente.
La defensa insiste en que la lucha por los derechos de los adultos mayores no puede convertirse en motivo de represalias judiciales.
Mientras tanto, a un mes del vencimiento del plazo investigativo señalado, persiste un interrogante central: ¿cuáles son las pruebas concretas que sostienen la acusación contra Elías Cabral?
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