Una nueva denuncia penal fue presentada contra el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, por presunto enriquecimiento ilícito, tras detectarse un incremento patrimonial del 154% entre los años 2016 y 2023, según el abogado Miguel Godoy, representante legal de la denunciante.
06/10/25 – ASUNCIÓN – PARAGUAY
La acción fue impulsada por Blanca Franco, dirigente social del departamento de San Pedro, quien ya había presentado una primera denuncia por lesión de confianza, actualmente trabada por supuestas chicanas judiciales.
Aumento patrimonial bajo sospecha
De acuerdo con los datos presentados por la defensa, el ministro Carlos Giménez, exintendente de Choré, habría pasado de tener G. 7.800 millones en bienes declarados en el año 2016, a G. 20.000 millones en 2023, representando un aumento del 154% en su patrimonio.
“Desde el 2016 hasta el 2023 existen incrementos patrimoniales en sus riquezas que se condicionan a numerosos elementos de sospecha, creando así el escenario para un proceso penal”, afirmó el abogado Miguel Godoy.
Compras de inmuebles con contratos privados
El abogado también señaló que en las declaraciones juradas de bienes del ministro figuran varias adquisiciones inmobiliarias realizadas por contratos privados, lo que, según dijo, agrava las sospechas.
“Estamos hablando de compras de entre cinco y seis inmuebles, más dos adicionales, todas por contrato privado desde el 2016. Una cosa es no transferir un vehículo, otra muy distinta es adquirir propiedades de más de mil millones sin registros públicos”, enfatizó Godoy.
Exigen intervención de la Contraloría y la Fiscalía
Ante estas irregularidades, la defensa solicitó la intervención de la Contraloría General de la República (CGR) para la realización de un examen de correspondencia patrimonial.
“Ya realizamos nuestro propio estudio patrimonial, pero pedimos a la Contraloría que lo confirme oficialmente. Creemos que hay indicios suficientes para una imputación formal en tiempo y forma”, sostuvo el abogado.
La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público, y se aguarda la apertura de una investigación penal para determinar si los bienes del ministro corresponden o no a sus ingresos legítimos.
