Privilegio político en el Senado: mientras el pueblo ajusta el cinturón, Bachi se dispara el salario
20/03/26 – Asunción – Paraguay
En un país donde miles de jubilados, trabajadores informales y familias enteras sobreviven con ingresos mínimos, la revelación sobre el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, vuelve a poner sobre la mesa uno de los rostros más indignantes de la política paraguaya: el privilegio de la casta política.
Según una publicación difundida por Radio Ñandutí, Núñez habría pasado de percibir G. 42.000.000 mensuales a G. 63.302.850, tras autoasignarse una bonificación de G. 21 millones. La misma publicación señala que legisladores consultados reconocieron que, en su carácter de “ordenador de gastos”, podría autoasignarse ese ingreso.
El dato no solo genera indignación por el monto, sino por lo que representa: una política desconectada de la realidad social, donde las autoridades siguen encontrando mecanismos para engrosar sus beneficios mientras al ciudadano común se le exige sacrificio, paciencia y resignación. La Cámara de Senadores publica nóminas y listados de remuneraciones en su portal institucional, lo que da marco oficial a que este tipo de pagos pueda ser contrastado públicamente.
Senado de Paraguay
El problema no es solo el monto, sino el mensaje
El escándalo no debe reducirse a una cifra. El verdadero problema es el mensaje político que se envía a la ciudadanía: en Paraguay, los poderosos siguen legislando y administrando para sí mismos.
Mientras se discuten recortes, se postergan respuestas sociales y se multiplican las necesidades en salud, educación y asistencia a los sectores más vulnerables, resulta moralmente insostenible que una alta autoridad del Congreso reciba un salto salarial de semejante magnitud. La ciudadanía no ve en esto un acto administrativo; ve una burla institucionalizada.
Privilegios arriba, necesidades abajo
Este caso reaviva una pregunta de fondo: ¿para quién trabaja realmente el Estado?
Porque cuando un senador o presidente del Congreso puede elevar sus ingresos con tanta facilidad, pero miles de paraguayos deben peregrinar por derechos básicos, queda en evidencia una desigualdad estructural dentro del propio aparato público.
No se trata solamente de legalidad. Muchas veces, lo legal puede ser profundamente inmoral. Y allí radica el corazón del debate. Que algo pueda hacerse desde una oficina administrativa no significa que sea legítimo ante una sociedad golpeada por la pobreza, la precariedad laboral y el abandono estatal.
La crisis de confianza se agrava
La política paraguaya arrastra desde hace años una severa crisis de credibilidad. Casos como este no hacen más que profundizarla. La ciudadanía observa que los privilegios en la cúpula no se tocan, que los beneficios del poder se blindan y que la austeridad casi siempre se exige de abajo hacia arriba, nunca al revés.
El contraste duele más cuando se recuerda que el Congreso debería ser un espacio de representación nacional, no una plataforma para ampliar ventajas personales. Cada aumento, bonificación o beneficio que no se justifica con transparencia ni con resultados concretos alimenta la percepción de que la política se ha convertido en un club cerrado de autoprotección.
Un país cansado de los privilegios
Paraguay no necesita autoridades que se premien a sí mismas. Necesita dirigentes que entiendan el sufrimiento de la gente, que administren con sobriedad y que den ejemplo.
Porque cuando la clase política se sube los ingresos en medio de tantas carencias, no solo sube una planilla: cae aún más la confianza pública.
Y esa es quizás la factura más grave de todas.
