Campo 9, Caaguazú. La situación de Bruno Miranda, un adulto mayor de 82 años, volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la protección que el Estado brinda a las personas de la tercera edad. El anciano recibió una factura de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) por G. 18.300.000, monto que asegura le resulta imposible pagar debido a su precaria situación económica y su estado de salud muy deteriorado.
09/07/26 – Campo 9 – Caaguazú
Con visible preocupación, don Bruno mostró la boleta del servicio eléctrico y expresó su impotencia al recordar que Paraguay es uno de los mayores productores de energía hidroeléctrica del mundo. «¿Cómo puede ser que un abuelo tenga que enfrentar una deuda de esta magnitud en un país con tanta energía?», cuestionó.
El adulto mayor también exhibió estudios médicos que, según explicó, evidencian graves problemas de salud. Indicó que los profesionales que lo atienden le recomendaron no realizar trabajos físicos para evitar un mayor deterioro de su estado, dejándolo sin posibilidades reales de generar ingresos para afrontar una deuda de esa magnitud.
El caso reaviva el debate sobre el alcance del artículo 57 de la Constitución Nacional, que establece la obligación del Estado de brindar protección integral a las personas adultas mayores. Diversos sectores sostienen que esa protección no debería limitarse únicamente al pago de una pensión, sino extenderse al acceso a servicios públicos esenciales en condiciones acordes a la vulnerabilidad económica de este sector.
En ese contexto, vuelve a mencionarse el proyecto de ley de iniciativa popular impulsado por el ingeniero Ricardo Canese, que propone ampliar la tarifa social de la ANDE para beneficiar, entre otros sectores, a adultos mayores, personas con discapacidad, comunidades indígenas y juntas de saneamiento. La iniciativa permanece sin tratamiento definitivo en el Congreso Nacional.
Mientras tanto, don Bruno Miranda enfrenta la incertidumbre de un eventual corte del suministro eléctrico por una deuda que asegura no tiene posibilidades de cancelar, reflejando una realidad que, según organizaciones sociales, también afecta a numerosos adultos mayores en distintas regiones del país.
Otro caso
Se trata de Pedro Pablo Sanabria, de la ciudad de Saltos del Guairá, quien recibió una factura de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) por G. 998.000, acompañada de una advertencia de suspensión del servicio en caso de incumplimiento del pago.
Entre lágrimas, el adulto mayor manifestó que no cuenta con los recursos económicos para cancelar la deuda y expresó su preocupación ante la posibilidad de quedarse sin energía eléctrica.
Los dos casos vuelven a instalar el debate sobre la situación de vulnerabilidad que enfrentan miles de personas de la tercera edad y sobre el alcance de la protección que el Estado debe brindar conforme al artículo 57 de la Constitución Nacional, que establece el deber de garantizar una protección integral a los adultos mayores.
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