Mientras instituciones públicas paraguayas depositaban millonarios recursos en Ueno Bank, uno de sus principales propietarios comprometía una fortuna en una exclusiva propiedad de Estados Unidos.
10/11/26 | ASUNCIÓN | PARAGUAY
Basadas en documentos atribuidos al Grupo Vázquez, el empresario Miguel Vázquez, señalado como imputado en el caso Ueno Bank, firmó el 12 de mayo de 2024 un contrato para adquirir un lujoso departamento en Sunny Isles Beach, Miami, por aproximadamente US$ 9.900.000, equivalentes a unos G. 62.000 millones.
UN DEPARTAMENTO EN EL PISO 50
La propiedad está ubicada en el exclusivo complejo St. Regis Residences, sobre la avenida Collins, frente al océano Atlántico.
De acuerdo con la información difundida, Vázquez habría desembolsado cerca de US$ 4 millones en anticipos, quedando pendientes aproximadamente US$ 6 millones para completar la operación inmobiliaria.
UNA COMPRA QUE DESPIERTA INTERROGANTES
La operación se habría concretado cuando Santiago Peña llevaba apenas nueve meses en la Presidencia de la República y el Banco Central del Paraguay todavía no había autorizado la fusión de Ueno Bank con Visión Banco.
Sin embargo, para entonces ya se habían iniciado depósitos de recursos de instituciones públicas en la entidad bancaria.
Los documentos mencionan una operación denominada «Compra de condominio Miami-First American Trust, cuotas USD».
El contrato habría sido firmado con el empresario argentino Edgardo Defortuna, representante de La Playa Beach Associates LLC.
¿DE DÓNDE SALIERON LOS MILLONES?
La revelación plantea interrogantes que merecen una investigación exhaustiva: ¿cuál fue el origen de los fondos utilizados para esta inversión?, ¿existe alguna relación entre esta operación y los recursos administrados por Ueno Bank?, ¿fue declarada ante las autoridades correspondientes?
La adquisición de una propiedad millonaria no constituye por sí misma un delito. Sin embargo, ante las investigaciones que rodean a la entidad bancaria, resulta fundamental esclarecer la procedencia del dinero y la legalidad de las operaciones.
El pueblo paraguayo tiene derecho a conocer qué ocurrió con sus recursos públicos y a exigir responsabilidades si se comprueban irregularidades.
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