Por segundo año consecutivo, la Coordinadora Nacional de Adultos Mayores y Familia del Paraguay denuncia ante el Ministerio Público presuntas irregularidades en la administración del programa de pensiones para personas de la tercera edad. Sin embargo, la organización cuestiona que el fiscal Giovanni Grisetti, señalado como responsable de la investigación, no haya impulsado diligencias concretas para esclarecer los hechos denunciados.
21/10/26 / Asunción / Paraguay
La controversia vuelve a cobrar fuerza tras conocerse una nueva denuncia presentada el 8 de septiembre de 2026 por el coordinador nacional de la organización, Elías Cabral Estigarribia, en la que solicita investigar posibles hechos punibles relacionados con los pagos de pensiones administrados por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), institución encabezada por el ministro Tadeo Rojas.
El escrito fue presentado ante el Ministerio Público y, según el sello de recepción que consta en el documento, ingresó el 8 de septiembre de 2026, a las 13:17 horas.
Denuncian posibles diferencias en el pago de las pensiones
En su presentación, la Coordinadora señala que la Ley N.º 7322 establece una pensión mensual equivalente al 25 % del salario mínimo legal vigente para los adultos mayores que reúnen los requisitos correspondientes.
Tomando como referencia un salario mínimo de G. 3.044.000, el documento sostiene que cada beneficiario debería percibir G. 761.000 mensuales.
Sin embargo, según la denuncia, la organización recibió numerosos reclamos de beneficiarios que supuestamente no estarían cobrando la totalidad del monto establecido.
Ante esta situación, Elías Cabral solicitó la apertura de una investigación penal para determinar si existen irregularidades en la administración, liquidación y distribución de los recursos públicos destinados a las pensiones.
El escrito menciona como posibles figuras penales la lesión de confianza y delitos contra el patrimonio, cuya eventual configuración deberá ser determinada mediante una investigación.
Cuestionan la inacción del fiscal Giovanni Grisetti
Uno de los principales cuestionamientos de la Coordinadora apunta al fiscal Giovanni Grisetti, a quien la organización identifica como el agente encargado de investigar la denuncia.
Según sus referentes, pese a las presentaciones realizadas durante dos años consecutivos, no tienen conocimiento de avances significativos ni de diligencias investigativas que permitan esclarecer los hechos denunciados.
La organización sostiene que resulta preocupante que las denuncias relacionadas con posibles perjuicios a miles de adultos mayores permanezcan sin respuestas concretas del Ministerio Público.
Solicitan auditoría y restitución de los montos faltantes
En el escrito presentado ante el Ministerio Público, la Coordinadora formula tres peticiones principales:
- La apertura de una investigación penal contra los posibles responsables de la administración y liquidación de los fondos destinados a las pensiones.
- Una auditoría inmediata del programa de pensiones administrado por el Ministerio de Desarrollo Social.
- La restitución de los montos que eventualmente hayan dejado de percibir los beneficiarios afectados.
Reclaman que se investigue también a las autoridades del MDS
Para la Coordinadora, las denuncias merecen una investigación exhaustiva que permita determinar si las diferencias denunciadas efectivamente existieron y, de ser así, establecer sus causas y eventuales responsabilidades.
La organización considera que el Ministerio Público debe examinar la actuación de los responsables de administrar el programa, sin excluir a las máximas autoridades del MDS cuando existan elementos que justifiquen su investigación.
Dos años de denuncias y un reclamo de respuestas
La Coordinadora insiste en que los adultos mayores tienen derecho a conocer cómo se administran los recursos públicos destinados a sus pensiones y reclama transparencia en la actuación de las instituciones responsables.
La falta de avances denunciada por la organización plantea interrogantes que corresponde aclarar al Ministerio Público: ¿qué diligencias se realizaron?, ¿se verificaron los montos efectivamente abonados?, ¿se solicitaron informes al Ministerio de Desarrollo Social? y ¿cuál es el estado actual de la investigación?
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