05/04/22 – Maracaná – Canindeyú
El consejo local de salud del municipio de Maracaná, emitió un comunicado repudiando el secuestro de la ambulancia municipal ordenado por la jueza de paz de Caazapá Monserrat Vera, a través de un mandamiento llevada a acabo por un oficial de justicia la semana pasada.
El escrito refiere que; “más allá de los problemas administrativos que puedan existir, se considera que es un bien público cuyo uso es de vital importancia para movilizar a los pacientes que requieren de ayuda total o parcial a otras unidades sanitarias del país”.
Los dirigentes del Consejo Local de Salud (CLS), exigieron el castigo ejemplar de los responsables del secuestro quienes violaron el artículo 73 de la constitución nacional que habla sobre privar a los ciudadanos del derecho fundamental al acceso a la salud dejando sin móvil al centro asistencial local.
Dicha ambulancia fue secuestrada durante el procedimiento realizado por el oficial de justicia Fernando L. Jara que se llevó a cabo el pasado 22 de marzo dentro del predio de la municipalidad local, a causa de la deuda impaga de 192 millones de guaraníes según la firma vendedora Compañía Imperial Paraguay S.R.L.
Sin embargo, el jefe comunal José Cantero (Alianza), denunció supuestas irregularidades en el proceso de adquisición a parte de cuestionar el monto de 620 millones de guaraníes que el exintendente Alfredo Gayoso asumió pagar, más una adenda que no pasó por la junta ni contrataciones públicas, de 20 millones para la compra de una heladera.
Cantero refirió que la empresa no reconoce recibos por valor de 73 millones de guaraníes que la comuna habría pagado en concepto de deuda por la ambulancia, y aseguró contundentemente que no asumirá la deuda de 20 millones porque no cuenta con código de licitación, de igual forma, precisó que según documentos encontrados la deuda de la comuna sería de tan solo 92 millones de guaraníes.
Posible mala actuación de jueza de paz
Según la legislación, los jueces de paz solo pueden intervenir cuando existan de por medio litigios por un monto hasta de 24 millones de guaraníes; en este caso, la magistrada Monserrat Vera de San Juan Nepornuceno, aceptó intervenir en el caso cuando que el monto de 620 millones de guaraníes supera ampliamente el límite de su competencia.
Vera dijo que los recurrentes solo acudieron a su juzgado invocando la adenda de 20 millones de guaraníes que el exintendente habría aprobado de forma irregular para la compra de la heladera, sin embargo, utilizaron el mandamiento que otorgó en su momento para secuestrar la ambulancia cuyo valor es totalmente superior a la dispuesta por la ley para su competencia. Es decir, utilizaron la adenda de 20 millones para secuestrar el móvil que costó 620 millones de guaraníes, con fuerte sospecha de sobrefacturación poque no cuenta con Unidad de Terapia Intensiva (UTI), como consta en el contrato.
La magistrada podría ser denunciada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
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