Mientras se espera la promulgación o veto de la ley aprobada en el congreso nacional por parte del presidente de la república Mario Abdo Benítez, por la cual se trasferirá las tierras de la masacre al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), y en consecuencia a los ocupantes; sin embargo, existe una gran división entre sus dirigentes por el liderazgo de la comunidad.
Por una parte, Martína Paredes y Darío Acosta, mientras por otra, los hermanos Néstor y Adalberto Castro mantienen una fuerte puja desde el inicio de la reocupación de Marina Cué.
Una denuncia formulada por Martina Paredes ante el ministerio público en diciembre del 2019, sobre supuesta deforestación y tala ilegal de madera, profundizó aún más la división.
Y es que en la denuncia se menciona a personas ligadas al sector de los Castro, estos últimos dijeron que solo a los efectos de construir viviendas ya que no pueden vivir todo el tiempo bajo carpas, derrumban las maderas.
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Cada sector realiza gestiones por su lado para obtener algún beneficio a la comunidad. Con este panorama, y bajo una extrema presión de sectores de la producción al presidente, para la no promulgación de la ley, se aguarda la decisión final del mandatario.
En tanto, la gobernación de Canindeyú administrada por César Ramírez, y la municipalidad de Curuguaty administrada por Nelson Martínez, emitieron comunicados apoyando la transferencia de las tierras al INDERT.
Recordemos que en la actualidad, las cerca de 2 000 hectáreas de tierra pertenecen al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), como reserva natural Yverá.
