Mientras miles de ahorristas enfrentaban momentos de incertidumbre y desesperación por la crisis de Ueno Bank, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), encabezado por Tadeo Rojas, habría autorizado millonarios desembolsos a favor de Comepar S.A., empresa vinculada al empresario Miguel Cardona, señalado como cercano al entorno político de Santiago Peña. Las operaciones, que totalizaron G. 26.366.012.000, se concentraron en apenas 48 horas.
12/11/26 | Asunción | Paraguay
Una serie de pagos realizados por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) genera cuestionamientos por su magnitud, la rapidez de su procesamiento y el momento particularmente delicado en que fueron ejecutados.
Según la información atribuida a los registros oficiales de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la institución dirigida por Tadeo Rojas, ratificado en el cargo por el presidente Pedro Alliana, desembolsó un total de G. 26.366.012.000, equivalentes aproximadamente a US$ 4,25 millones, a favor de Comepar S.A., una de las principales empresas proveedoras del programa de alimentación escolar Hambre Cero.
Los pagos se habrían concretado entre el martes 3 y el miércoles 4 de noviembre de 2026, en coincidencia con uno de los momentos de mayor tensión financiera e institucional relacionados con la crisis de Ueno Bank.
21 SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA EN APENAS 48 HORAS
De acuerdo con los datos citados, el Ministerio de Desarrollo Social procesó 21 solicitudes de transferencia de recursos en solamente dos días, con montos individuales que oscilaron entre G. 1,5 millones y más de G. 6.998 millones.
La concentración de desembolsos por una suma superior a G. 26.300 millones en un periodo tan reducido plantea interrogantes sobre los procedimientos administrativos aplicados, las fechas de vencimiento de las obligaciones y los mecanismos de control utilizados para autorizar las operaciones.
Aunque la rapidez de un pago no constituye por sí misma una irregularidad, resulta necesario conocer qué circunstancias justificaron semejante volumen de transferencias en apenas 48 horas.
También corresponde determinar si los desembolsos respondieron a compromisos contractuales previamente establecidos y si se cumplieron todas las exigencias legales, presupuestarias y administrativas.
MILLONARIOS PAGOS EN MEDIO DE LA INCERTIDUMBRE FINANCIERA
El aspecto más llamativo de estas operaciones es el momento en que se habrían producido.
Mientras numerosas familias enfrentaban incertidumbre sobre sus ahorros y buscaban respuestas ante la crisis de Ueno Bank, el Ministerio de Desarrollo Social avanzaba con la liberación de cuantiosos recursos públicos a favor de una empresa privada.
La coincidencia temporal entre ambos acontecimientos merece una explicación clara de las autoridades.
¿Por qué se concentraron pagos por más de G. 26.300 millones en solamente dos días? ¿Quiénes autorizaron las transferencias? ¿Existían obligaciones vencidas que justificaran la urgencia? ¿Se aplicaron los mismos criterios de pago a otros proveedores del Estado?
Son preguntas legítimas que deben responderse mediante documentos oficiales y no solamente con declaraciones políticas.
LOS VÍNCULOS POLÍTICOS BAJO LA LUPA
Comepar S.A. aparece vinculada al empresario Miguel Cardona, cuya cercanía con el entorno de Santiago Peña ha sido señalada públicamente.
Este vínculo agrega un componente político a las operaciones y refuerza la necesidad de transparentar las relaciones contractuales entre la empresa y las instituciones públicas.
Sin embargo, la existencia de relaciones personales o políticas no demuestra, por sí sola, que los pagos hayan sido ilegales ni que se haya producido un perjuicio patrimonial al Estado.
Lo que corresponde establecer es si las contrataciones, las prestaciones realizadas y los desembolsos se ajustaron estrictamente a la legislación vigente.
TADEO ROJAS DEBE DAR EXPLICACIONES
Como titular del Ministerio de Desarrollo Social, Tadeo Rojas tiene la responsabilidad política de explicar cómo se administraron estos recursos públicos.
No basta con señalar que los pagos corresponden a compromisos institucionales. La ciudadanía tiene derecho a conocer los contratos, las facturas, las certificaciones de cumplimiento y las autorizaciones que respaldaron cada desembolso.
Estamos hablando de más de 26.300 millones de guaraníes provenientes de recursos públicos, una suma que exige máxima transparencia y rendición de cuentas.
En un país donde miles de familias enfrentan dificultades económicas y numerosos sectores vulnerables reclaman mayor asistencia estatal, cada guaraní administrado por las instituciones públicas debe contar con respaldo documental y una justificación verificable.
EL DINERO PÚBLICO EXIGE TRANSPARENCIA, NO PRIVILEGIOS
La gravedad de los cuestionamientos no radica únicamente en el monto transferido, sino también en la necesidad de determinar si existió un tratamiento administrativo excepcional o algún tipo de favorecimiento.
La Contraloría General de la República y los organismos de control competentes deberían examinar la documentación respaldatoria, las condiciones contractuales y la trazabilidad de las operaciones, si existen indicios que justifiquen una revisión.
La ciudadanía merece saber si los recursos fueron utilizados conforme a la ley y si los pagos correspondieron a servicios efectivamente prestados.
El Estado paraguayo no puede convertirse en una caja de privilegios para empresarios cercanos al poder político. Los fondos públicos pertenecen a todos los paraguayos y su utilización debe estar sometida al más estricto control.
La transparencia no es una concesión de los gobernantes: es una obligación frente a la ciudadanía.
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