El Tribunal de Sentencia de Salto del Guairá condenó a tres años de prisión al escribano público Miguel Alberto Bareiro Olmedo por la producción de documentos públicos de contenido falso, en el marco de un millonario conflicto patrimonial relacionado con la Estancia Americana, ubicada en el distrito de Corpus Christi, departamento de Canindeyú.
09/10/26 / Redacción Central
La resolución judicial representa un avance importante en una compleja disputa por el control de varios establecimientos y empresas agropecuarias, cuyo perjuicio económico, según los denunciantes, supera los 16.000 millones de guaraníes.
El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por la jueza Cintia Giménez, presidenta, y los magistrados Benito González y Gustavo Villaverde, quienes dictaron la condena luego de un juicio oral que se extendió por aproximadamente tres meses.
DECLARACIÓN DEL ESCRIBANO COMPROMETE A UN ABOGADO
Uno de los aspectos más relevantes del proceso fue la declaración del propio escribano condenado, quien, según el informe proporcionado, manifestó durante el juicio que recibió asistencia del abogado Cristian Aguayo para la elaboración de las escrituras cuestionadas.
El profesional del derecho también habría reconocido que ejercía la representación legal de Cornelia Jarin Andriessen, otra de las personas involucradas en la controversia judicial.
Estas declaraciones podrían adquirir relevancia en las investigaciones relacionadas con la presunta utilización de documentos falsificados para modificar la administración y el control de las empresas vinculadas a la estancia.
Sin embargo, las eventuales responsabilidades penales de otras personas deberán ser determinadas individualmente por la Justicia.
DENUNCIAN UN PERJUICIO SUPERIOR A G. 16.000 MILLONES
De acuerdo con los antecedentes expuestos por los denunciantes, las irregularidades documentales habrían sido utilizadas para desplazar a los administradores y tomar el control de cuatro firmas:
Americana Agropecuaria S.A.
Principado S.A.
Laguna S.A.
Paragrícola S.A.
Los representantes de los propietarios denunciantes sostienen que el supuesto esquema ocasionó un perjuicio económico superior a G. 16.000 millones.
Asimismo, cuestionan la presunta utilización de procedimientos judiciales y documentos notariales irregulares para consolidar el control de los establecimientos.
OTRA ACUSADA AFRONTARÁ JUICIO ORAL
En el mismo contexto, Cornelia Jarin Andriessen, señalada como presunta participante en las maniobras investigadas, se encuentra acusada por el Ministerio Público, según el documento remitido.
La causa habría sido elevada a juicio oral y público, instancia en la que deberá determinarse su eventual responsabilidad penal.
Es importante señalar que la condena del escribano no implica automáticamente la culpabilidad de las demás personas mencionadas en la investigación.
CONFLICTO TERRITORIAL EN UNA ZONA GOLPEADA POR LA VIOLENCIA
El caso adquiere particular relevancia por la situación de inseguridad registrada en la zona de Corpus Christi, donde recientemente perdieron la vida Antonio Carrillo, dirigente de la comunidad indígena Tekoha Y’apó, y Catalino Correa, docente de la zona.
Los representantes de los propietarios denunciantes relacionan la creciente tensión territorial con la prolongada disputa por el control de la estancia, aunque las circunstancias y responsabilidades relacionadas con ambas muertes corresponden a investigaciones independientes.
El abogado Aldo Gabilán León y el accionista Diego María Troche Robbiani, mencionados como representantes de los intereses de las firmas afectadas, reclaman la recuperación del control administrativo y patrimonial de los establecimientos.
EXIGEN JUSTICIA Y EL RESTABLECIMIENTO DE LA PAZ
Los denunciantes consideran que la condena constituye un precedente importante para avanzar en el esclarecimiento de las presuntas maniobras fraudulentas y recuperar los bienes en disputa.
También solicitan que las instituciones competentes adopten las medidas necesarias para evitar nuevos enfrentamientos y garantizar la seguridad de los habitantes de la zona.
La sentencia contra el escribano Miguel Alberto Bareiro Olmedo marca un capítulo significativo en el caso Estancia Americana, aunque todavía quedan procesos judiciales pendientes para esclarecer el alcance de las presuntas irregularidades y determinar las responsabilidades de los demás involucrados.
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