Condena por desvío de G. 1.054 millones del Fonacide sigue sin resolución en la Corte y preocupa la mora judicial

Asunción. La demora de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para resolver un recurso extraordinario de casación mantiene en suspenso la condena impuesta al exintendente de Mariscal Estigarribia, Eladio Ramón Alcaraz (ANR), en una causa por un perjuicio patrimonial de G. 1.054 millones a la comuna, recursos provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).

03/06/26 – Asunción – Paraguay

El exjefe comunal interpuso el recurso de casación el 29 de octubre de 2025, buscando revertir la condena dictada en su contra. Sin embargo, transcurridos más de ocho meses, la Sala Penal aún no emitió una resolución, situación que genera preocupación por la prolongación del proceso.

La excesiva mora judicial vuelve a instalar el debate sobre la celeridad de la justicia paraguaya, especialmente en procesos relacionados con presuntos hechos de corrupción y manejo irregular de recursos públicos. Diversos sectores sostienen que las dilaciones prolongadas pueden debilitar la confianza ciudadana en el sistema judicial y poner en riesgo la eficacia de las sentencias.

Recursos del Fonacide

De acuerdo con los antecedentes ventilados durante el juicio oral, el perjuicio económico atribuido al exintendente corresponde a fondos del Fonacide administrados durante el ejercicio 2013.

Según la acusación que derivó en la condena, ese año la Municipalidad de Mariscal Estigarribia recibió:

  • G. 1.536.009.249 en concepto de Fonacide.
  • G. 2.267.678.126 por royalties.
  • G. 132.783.970 provenientes de transferencias por juegos de azar.

El juicio concluyó con una condena por el perjuicio patrimonial de G. 1.054 millones, resolución que actualmente se encuentra pendiente de revisión por la Corte Suprema de Justicia.

Esperan decisión de la Sala Penal

Mientras el recurso continúa sin resolverse, crece la expectativa sobre la decisión que adoptará la Sala Penal, cuya resolución será determinante para definir si la condena queda firme o si corresponde revisar el fallo dictado por los tribunales inferiores.

El caso constituye uno de los expedientes vinculados al manejo de recursos públicos que permanece pendiente de una decisión definitiva en la máxima instancia judicial del país.

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