La suerte de los adultos mayores que permanecen desde hace meses frente al Ministerio de Desarrollo Social (MDS) se encuentra ahora en manos del Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala del departamento Central, integrado por los jueces Dionisio Nicolás Frutos Serrati, Alicia Orrego Pérez y Gustavo Ramón Bóveda Romero.
18/06/26 – Asunción – Paraguay
Los magistrados deben resolver en los próximos días la apelación presentada por la Procuraduría General de la República (PGR), luego de que el juez penal de garantías de Lambaré, Rodrigo Duré, rechazara en primera instancia el pedido de desalojo de los manifestantes.
El caso trasciende ampliamente una simple discusión procesal. Lo que está en juego es el alcance de uno de los derechos más importantes en una democracia: el derecho de los ciudadanos a reunirse y manifestarse para reclamar aquello que consideran justo.
Resulta llamativo que una institución pública, financiada con recursos de todos los contribuyentes, no solamente haya impulsado una acción para desalojar a adultos mayores que reclaman mejores condiciones de vida, sino que además haya solicitado que los propios manifestantes asuman las costas del proceso judicial. La sola posibilidad de que personas de avanzada edad, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad económica, deban afrontar gastos derivados de una causa promovida por el Estado genera cuestionamientos éticos y sociales difíciles de ignorar.
Desde la Coordinadora Nacional de Adultos Mayores y Familia sostienen que la medida representa un intento de desalentar la protesta social. Su Coordinador Nacional, Elías Cabral, calificó de vergonzosa la pretensión de trasladar los costos del litigio a quienes precisamente reclaman asistencia estatal para subsistir.
Por su parte, el abogado Jorge Figueredo presentó la contestación a la apelación solicitando su rechazo íntegro, argumentando que la acción carece de sustento legal y que los derechos constitucionales de reunión y manifestación deben ser protegidos por la justicia.
La decisión que adopte el Tribunal no solo afectará a los adultos mayores instalados en la denominada Carpa de la Resistencia. También enviará un mensaje a toda la sociedad paraguaya sobre cómo serán tratados los reclamos ciudadanos en el futuro.
La justicia tiene ahora la oportunidad de reafirmar que los derechos constitucionales no pueden ser limitados por conveniencias políticas ni administrativas. Cuando quienes protestan son precisamente los sectores más vulnerables de la sociedad, la responsabilidad institucional es aún mayor.
Los próximos días serán decisivos. No solo para los abuelos que permanecen frente al MDS, sino también para la vigencia efectiva de las libertades públicas en Paraguay.
