Coordinadora Nacional de Adultos Mayores y Familia pide que se lea en Caacupé, nota de denuncia contra el gobierno por graves violaciones a los derechos de los Adultos Mayores del Paraguay
02/12/25 – Caacupé – Paraguy
1. Violación del derecho a la protección integral de la tercera edad
El Gobierno del presidente Santiago Peña ha promulgado la Ley N° 7322, denominada de pensión “universal”, cuyo diseño y aplicación vulneran el artículo 57 de la Constitución Nacional, que establece la “protección integral a las personas de la tercera edad”.
El monto asignado a la pensión representa apenas el 25% del salario mínimo vigente, lo que resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud y bienestar.
La situación se agrava ante la ausencia de medicamentos, estudios y análisis en los hospitales públicos, obligando a las personas adultas mayores a asumir gastos imposibles de cubrir con el monto otorgado.
2. Violación del principio de igualdad y no discriminación
La Ley N° 7322, en clara contradicción con el artículo 46 de la Constitución Nacional (“Igualdad de las personas ante la ley” y “No discriminación”), establece que solo se incorporarán 30.000 nuevos beneficiarios por año sobre un universo superior a 230.000 adultos mayores que aún no acceden al derecho a la pensión, generando una discriminación arbitraria e injustificada.
3. Manejo irregular y negligente de las tarjetas de pago
Denunciamos que el Gobierno:
Envía tarjetas y códigos a personas fallecidas hace años, en un acto de irresponsabilidad y burla hacia quienes están vivos y padecen el abandono estatal.
Bloquea de forma arbitraria cientos de tarjetas de beneficiarios activos, incluyendo personas en tratamiento contra enfermedades graves, dejándolos sin recursos para costear medicamentos y cuidados esenciales.
4. Políticas asistencialistas que no garantizan derechos
El Gobierno recurre a la entrega de lentes, víveres y beneficios menores que únicamente aplacan necesidades momentáneas, en lugar de garantizar de forma efectiva y permanente los derechos que por ley y justicia corresponden a las personas adultas mayores.
